Sobre  ese vacío que se abre entre la representación y las cosas representadas, se instauran los poderes desdobladores de la realidad. Todo el discurso enciclopedista clásico, la visión de Rousseau respecto del contrato social, el juego político de las democracias occidentales, descansan en el presupuesto teórico de que se debe gobernar para el bien común. Por desgracia, entre nosotros, son contados los momentos en los cuales se ha gobernado para el bien el común.

Miremos un caso de excepción: ¿Qué hizo Juan Bosch con el voto de la mayoría que le dio el poder en 1963? Sencillamente gobernó para el bien común. En otros artículos he explicado que Juan Bosch reproducía las consideraciones de la ética provenientes del pensador alemán Immanuel Kant, y éste afirmaba, en su libro “Fundamentación para una metafísica de las costumbres”  que “sólo un ser racional posee la capacidad de obrar según la representación de las leyes o con arreglo a principios del obrar, esto es, posee una voluntad, Y como para derivar las acciones a partir de leyes se requiere una razón, la voluntad no es otra cosa que razón práctica”. 

¿Cómo se expresó la “razón práctica” que hizo de los actos de gobierno de Juan Bosch una búsqueda del bien común?

Su manifestación frontal ocurrió a través de las leyes y de la Constitución, y a propósito de la libertad plena del sujeto.  La  “Ley del precio tope del azúcar” significó un choque con el poderoso sector azucarero nacional e internacional, pero su fundamento era ético. ¿Por qué, si el aumento de los precios era una coyuntura internacional, el sector productivo tenía que beneficiarse de ello de manera exclusiva? ¿No era éticamente sustentable que una porción de esos beneficios coyunturales fueran a engrosar los fondos para las acciones sociales del bien común?   La “Ley de la plusvalía” se anticipaba a la alta valoración de los terrenos urbanos que la movilidad  social de los años sesenta del siglo pasado estaba produciendo. Las siete familias oligarcas que detentaban el 84%  de las  tierras no aportaban nada a la urbanización acelerada, y era injusto que se beneficiaran de la acción colectiva del Estado. Lo mismo se puede decir de la propuesta de un Estado laico, sobre la que se encaramaron los conspiradores, que restituía la línea argumental del hostosianismo (tan cara a Juan Bosch), y liquidaba los vestigios  escolásticos de la sociedad dominicana.

El punto culminante que pone en evidencia la “razón práctica” que enfrentó el bien común al beneficio de los poderosos, fue la “Constitución de 1963”. Una verdadera sombrilla de derechos individuales y colectivos que aceleró la histérica respuesta del golpe del 25 de septiembre de 1963. Son hechos concretos, que dicen claramente lo que Juan Bosch hizo con el mandato que le confirió la mayoría.  Lo que yo debo leer de un gobernante es su práctica, no su discurso, porque es el sentido de sus actos lo que define a un gobernante.

¿Para quién ha gobernado Leonel Fernández, con la espuria mayoría que le dio el poder? Para los poderosos, y para el círculo de nuevos millonarios que lo rodean. Incapaz de enfrentarse a los poderosos, todo el asistencialismo de su gobierno se destina a la construcción del inmovilismo social. Su “razón práctica” es reproducirse en el poder, y son muy pocos sus actos de gobierno que privilegian el bien común. Contrario a Juan Bosch, que tuvo siempre la valentía de privilegiar el bien común, sin importar que ello afectara a los poderosos; Leonel Fernández es, abiertamente, un escurridizo gobernante que ama el poder sobre todas las cosas. Un narcisista. Y esto lo diferencia sustancialmente de Juan Bosch.  Como lo diferencia de Joaquín Balaguer, su otro maestro, la posesión de bienes materiales. Balaguer atribuía a su pobreza material el signo de un refugio inconmovible.  En todo había reproducido el espíritu autoritario de nuestra historia, menos en el enriquecimiento material. Leonel descubrió, muy rápidamente, el poder del dinero.

Cuando gobernar para el bien común sea el norte, este país será otra cosa.