El Gobierno garantizó ayer que controlará y protegerá los fondos públicos para impedir su uso en el proceso electoral que se avecina. Advirtió sobre sanciones contra funcionarios que incurran en la acción y favoreció que los empleados del Estado que aspiren a cargos electivos pidan licencia o renuncien.

Con la decisión se cumple con la Ley 41-08 de Función Pública en el artículo 80 que prohíbe “requerir, inducir u obligar a sus subalternos a participar en actividades políticas o partidarias, sea en su provecho o en provecho de terceros”.

El control se hará a través de denuncias de los ciudadanos y de las acciones de instituciones del Estado especializadas en control del gasto público y quienes incurran en el uso de recursos del Estado en campaña proselitista recibirán las sanciones establecidas en las legislaciones.

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El Gabinete de Transparencia y Prevención del Gasto Publico ofreció la información en una rueda de prensa que encabezó el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, junto a los ministros Joel Santos; José Ignacio Paliza; Franklin García Fermín y Pável Isa, Darío Castillo; también los directores de Etica Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; también José Rijo Prebot; Carlos Pimentel; Rómulo Arias, Carlos Castellano, Julio Cordero, Félix Santana y Luis Delgado.

El presidente Abinader reafirmó su compromiso de superar la historia de gastos desbordados que por décadas han acompañado los procesos electorales y resaltó la importancia de esa acción para fortalecer la democracia.

Ortiz Bosch especificó que “sigue siendo profundo nuestro compromiso contra la impunidad, por lo que seguiremos investigando las posibles violaciones a estos principios, así como protegiendo a los servidores públicos con la debida diligencia y discreción y con convicción democrática defendiendo la aplicación de las normas”.

Citó el artículo 39 de la Constitución de la República que establece el derecho a la igualdad, por lo que ninguna persona puede ser discriminada por pensamiento, militancia, práctica o elección de sus preferencias políticas.

También mencionó el artículo 138 que indica que los principios de la administración pública son claros al establecer la igualdad y transparencia como criterios de especial trascendencia en el manejo de la cosa pública.

Otra disposición es la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que prohíbe realizar actividad que tienda o tenga como resultado suprimir, desconocer o disminuir los derechos humanos o las libertades, derechos o garantías individuales y sociales consagrados en la constitución y las leyes.

Además prohíbe imponer o aceptar requerimientos o deducciones de salarios a los empleados públicos o de empresas particulares, aún cuando se alegue que son cuotas o donativos voluntarios.

En respuesta a periodistas el presidente Abinader dijo que el 17 de agosto dirá si se repostulará a la Presidencia.