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El país respeta los derechos humanos durante las deportaciones y es su potestad como estado soberano aplicar sus propias leyes migratorias. Esta es la respuesta del Gobierno al comunicado del Consejo Presidencial de Transición de Haití que rechaza el trato a los haitianos indocumentados retornados a su país.
Un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores deja claro que República Dominicana, como país fundador de la Organización de Naciones Unidas (ONU) comparte los principios universales de respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas, sin distinción de nacionalidad.
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“No obstante, reitera su prerrogativa como todo Estado independiente de aplicar sus leyes migratorias de conformidad con su Constitución y su ordenamiento jurídico”, consigna.
Insistió en que las deportaciones son efectuadas con apego a la legalidad y a los procedimientos y responden a la “responsabilidad irrenunciable” del Estado dominicano de preservar el orden, la estabilidad nacional y la seguridad de sus ciudadanos.
Advierte que continuará el combate a las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que vulneran los derechos de los más frágiles y perpetúan violencia y explotación y expresa su voluntad de un diálogo franco, respetuoso y orientado a soluciones perdurables con las autoridades haitianas.
Manifestó que el país ha demostrado de forma reiterada su disposición de colaborar con Haití dentro de una visión solidaria y constructiva. “Pero ninguna nación puede ni debe renunciar a su derecho de proteger su integridad territorial y a tomar medidas circunstanciales”.
