El Gobierno dispuso ayer 14 medidas para garantizar la integridad física y los derechos de las personas arrestadas por agentes de la Policía Nacional, entre estas instalación de cámaras en las patrullas y destacamentos, junto a un centro de monitoreo en el Ministerio de Interior y Policía y la formación en manejo de crisis a los agentes

El anuncio lo hicieron en rueda de prensa en el Palacio Nacional el Comisionado para la Reforma Policial, José Vila del Castillo y el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, junto a Fernando Norberto; a Jesús María Féliz, a Mily Pérez y Aníbal Amparo.

Dispuso crear un programa especial a través del Ministerio de Salud Pública para evaluar las condiciones de salud de las personas apresadas de manera temporal; la instalación inmediata de cámaras en todas las patrullas y crear un centro operativo policial en tiempo real, con apoyo de las cámaras fijas del 911.

Otra de las disposiciones es reorganizar el departamento de comunicaciones de la Policía Nacional, coordinación con el Gabinete de Presidencia correspondiente; además implementarán nuevos lineamientos de comunicación que impidan versiones erradas y desinformaciones.

Además dispuso colocar el Sistema Policial de Consulta Criminológica en los teléfonos de las patrullas para depuración no intrusiva de quienes sean requeridos por la autoridad y crear un centro nacional de control de tránsito y revisión, así como mejorar la inspección de tráfico.

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Instalarán un centro de control y monitoreo de los destacamentos en el Ministerio de Interior y Policía y colocarán bajo la supervisión directa de esa institución el departamento de Asuntos Internos de la PN para garantizar que una investigación se rápida y rigurosa de los casos.

Dispuso asimismo mejorar los sistemas y procesos de la Inspectoría General, con mayor capacidad de control e instrucción de casos; acelerar la realización de pruebas de integridad de los agentes, comenzando por los altos cargos de la Policía nacional.

Disposiciones

Otra de las disposiciones es la implementación de guías obligatorias de actuación, basada en la responsabilidad descentralizada;

Dispuso la implantación de medidas urgentes de formación complementaria a los agentes en gestión de crisis; derechos humanos, actuación policial y uso de la fuerza y del ejercicio de la autoridad.

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Además ratificar, previo acuerdo parlamentario, la implementación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, que dará acceso a los ciudadanos a la justicia internacional y obligará al Estado a cumplir con los estándares internacionales en la materia.

Para cumplir con esa meta, en los próximos días solicitarán apoyo del Coordinador Residente de las Naciones Unidas.
Vila del Castillo, quien tiene tres meses en el cargo, especificó que no caben espacios para la impunidad y que los responsables de los recientes hechos de violencia deben ser llevados a los tribunales sin dilaciones, aplicando los principios de excelencia que el Ministerio Público tiene.