Hoy 
POR FIOR GIL Y JUAN RAMIREZ
El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctrica Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, informó anoche que el Gobierno dominicano no ha sido notificado sobre una demanda por US$700 millones incoada por la compañía Trust Capital of de West (TCW).
Luego de una reunión de más de dos horas en la sede del organismo, junto al consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, el superintendente de Electricidad, Francisco Méndez, así como de otros funcionarios ligado al negocio, Segura se mostró dispuesto a dialogar con la TCW en caso de que sea necesario.
En la reunión los funcionarios conocieron algunos documentos enviados por la empresa norteamericano con los abogados, pero sin notificación sobre demanda.
Segura expresó que recibieron los documentos enviados por la empresa extranjera como parte de un proceso normal que puede darse en las relaciones contractuales donde hay cláusulas que permiten que una de las partes firmante puedan demandar a la otra por alegado incumplimiento de una o varias acciones contempladas en los contratos.
“Esa demanda se puede hacer en términos locales o un requerimiento amistoso, o como dicen las cláusulas contractuales, mediante un tribunal de arbitraje”, precisó el funcionario. Aseguró que de ninguna manera este tipo de situación pondrá en peligro los planes que desarrolla el Gobierno para recuperar el sector energético y dejar resuelta la crisis en ese servicio. Sostuvo que los planes que ejecuta el Gobierno con acciones combinadas en las áreas de distribución, comercialización, transmisión y de generación, seguirán siendo ejecutados sin problemas.
“Porque esta es una situación que se presenta dentro del derecho que le asiste a una parte socia del Estado dominicano en una empresa como es el caso de la distribuidora de Electricidad del Este y que no pondrá en peligro los planes que el Gobierno viene realizando”, afirmó.
EN EL PALACIO NACIONAL
El consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, dijo ayer que en caso de ser necesario el gobierno contrataría los servicios de abogados norteamericanos para enfrentar la demanda.
Pina Toribio informó que participaba desde ayer en horas de la tarde en una sesión de trabajo con los funcionarios del sector eléctrico que han sido sujeto de la demanda para analizar los detalles de la demanda interpuesta por los accionistas de la empresa Distribuidora de Electricidad (EDEESTE) a fin de hacer las recomendaciones legales pertinentes.
Pina Toribio explicó que en esos casos lo que se ventila es defenderse ante la jurisdicción apoderada de la demanda, que sería en Nueva York y para eso ordinariamente, además del equipo jurídico de la entidad demandada, se contratan abogados del sector privado de la misma jurisdicción internacional.
Dijo desconocer los términos de la demanda y de ahí la necesidad de las reuniones de trabajo con los equipos técnicos, el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) Radhamés Segura, el Superintendente de Electricidad, Francisco Méndez, y Arístides Fernández Zucco, director de la Comisión Nacional de Energía, este último ausente en el encuentro de ayer.
La TCW demandó al Estado Dominicano, a la CDEEE, a la Superintendencia de Electricidad y a la Comisión Nacional de Energía por las alegadas pérdidas que ha registrado la empresa Edeeste por el incumplimiento de lo estipulado en el contrato de la capitalización.
Segura había informado antes que mediante la demanda contra el Estado dominicano depositada en un tribunal de Nueva York, los dueños de Edeeste reclaman la revocación unilateral de la estructura legal que se estableció y en la se confío para hacer la inversión en la empresa capitalizada, por negar el derecho de compensación de las tarifas eléctricas, fallar en la aplicación de las tarifas y un tema ligado al área de concesión.
La compañía TCW alega en su demanda incumplimiento por parte de la Superintendencia de Electricidad de la aplicación de la tarifa técnica acordada y que además se introdujeron empresas en el área de concesión y que en realidad ellos señalan que invirtieron en la República Dominicana alrededor de 279 millones de dólares entre los l09 millones de aporte al capital, nuevos aumentos de capital y la capitalización, de los cuales, según ellos, no han recuperado ninguna porción y que por el contrario han tenido perdidas que suman US$680 millones de dólares.
