Gobierno Bolivia afronta conflictos

Gobierno Bolivia afronta conflictos

LA PAZ (EFE).- Las autoridades de Bolivia tratan de resolver varios conflictos regionales, mientras ultiman el dispositivo de seguridad que ejecutarán el próximo domingo para asegurar el normal desarrollo del referendo que decidirá el destino de las reservas de gas del país.

La consulta popular convocada por el presidente Carlos Mesa recibió hoy el respaldo de la Iglesia Católica, que pidió a los sectores sindicales y políticos opositores al referendo que depongan «actitudes de enfrentamiento y polarización».

Además, los primeros representantes de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos que vigilará la votación comenzaron a llegar a la ciudad de La Paz, sede del gobierno boliviano.

El director de Prevención de Conflictos del Ministerio de Gobierno (Interior), Gregorio Lanza, dijo a EFE que el Gobierno logró en las últimas horas extinguir algunos focos de conflicto, mientras dialoga para solventar otros.

En el departamento andino de Oruro, en el occidente boliviano, concluyó el enfrentamiento por diferencias limítrofes entre las localidades de Challapata y Huari, a unos 360 kilómetros al sur de La Paz, lo que permitió la liberación de varios rehenes tomados en los últimos días de uno y otro bando.

Según Lanza, el Ejecutivo consiguió también convencer a los campesinos de la población de Santa Rosa del Sara, ubicada a 120 kilómetros al norte de la ciudad oriental de Santa Cruz, de suspender sus medidas de presión.

Los agricultores cerraron anoche las válvulas de una estación de bombeo de gas natural, lo que afectó al suministro a Argentina, para exigir al gobierno regional el asfaltado de una carretera de la zona.

En la misma región, se negocia un pedido de tierras de los pueblos indígenas, quienes mantienen cortada la vía que une Camiri con Santa Cruz, a la altura de la localidad de Tatarenda, distante unos 400 kilómetros con la segunda de las ciudades anteriores, lo que impide el paso «a cientos de camiones».

Así mismo, Lanza indicó que se espera solucionar en las próximas horas la situación de los casi 80 agricultores del Chaco boliviano, en el departamento de Tarija, fronterizo con Argentina, quienes ayer, martes, llegaron a La Paz desde su lugar de origen después de caminar 1.450 kilómetros.

El grupo exige a la petrolera brasileña Petrobras, que opera en la zona chaqueña, una indemnización de tres millones de dólares por el uso de las tierras para la explotación de gas, que se realice una auditoría ambiental en el área y que contrate a obreros bolivianos.

El destino de las reservas de gas, que yacen en su mayoría bajo el suelo de Tarija, será el objeto del referendo convocado para este domingo.

La votación afronta una fuerte oposición de algunos grupos sindicales, como la Central Obrera Boliviana, la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, localidad adyacente a La Paz.

Para evitar el boicot de estos sectores, que amenazan con bloquear las carreteras y quemar las urnas el día de la consulta, el Gobierno tiene «un plan coordinado» por la Corte Nacional Electoral, el Ministerio de Gobierno, el Ejército y la Policía, «que se está reproduciendo en los distintos departamentos», dijo Lanza a EFE.

La operación, que será ejecutada por «unos 20.000 policías» y el apoyo de fuerzas castrenses en caso de que sea necesario, pretende «cuidar el traslado» de las urnas y los recintos electorales.

Los lugares «más conflictivos» para las autoridades son el altiplano de La Paz y El Alto, donde va a realizarse un «patrullaje más numeroso y permanente» de las fuerzas del orden.

El primer paso se dio anoche en La Paz, donde se registró una acción policial que llevó a la detención de una persona.

Además, un pequeño contingente de policías regresó hoy a la población andina de Achacachi, tras diez meses de ausencia obligada por la imposición de la organización sindical agraria de la zona.

Se estudia también el despliegue de efectivos policiales en Ayo Ayo, localidad de la misma región donde desconocidos lincharon al alcalde, Benjamín Altamirano, el 15 de junio pasado, y obligaron a las autoridades a retirarse de la comunidad.

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