LA PAZ (AP).- El gobierno considera «que se ha demostrado que existen actos ilegales, cometidos supuestamente por la petrolera hispano-argentina Repsol YPF, en un caso de supuesto contrabando de crudo. «Si hay amenaza a nivel internacional, tenemos la obligación de enfrentarla como estado boliviano, porque, ahí sí, ya no hay independencia de poderes, dijo el ministro de Desarrollo Sostenible Carlos Villegas en declaraciones publicadas el sábado por la prensa.

«Por la información que tenemos estamos en las mejores condiciones de ir a cualquier tribunal internacional, porque se ha demostrado que existen actos ilegales, agregó.

La filial de Repsol en Bolivia advirtió el viernes en un comunicado que apelará tribunales internacionales para defender la inocencia de sus ejecutivos en caso de que sea necesario, tras calificar de «irregular e injustificada la «retención de sus dos ejecutivos principales en Bolivia, liberados el miércoles con medidas cautelares.

El presidente de la compañía en Bolivia, el español Julio Gavito, y el gerente de operaciones, el argentino Pedro Sánchez, fueron detenidos por 11 horas ante el resquemor del Ministerio Público de que no cooperen con las investigaciones sobre el presunto contrabando.

Un juez cautelar instruyó su liberación a cambio del pago de una fianza por el equivalente a 50.000 dólares para cada uno, su arraigo hasta que concluya la investigación y que se presenten cada 30 días ante el Ministerio Público.

El proceso está apenas en la fase investigativa en la ciudad de Santa Cruz, la sede de Repsol y Andina en el oriente boliviano, y no se han presentado imputaciones.

Pero ahora, Repsol ha anunciado que presentará recursos ante la justicia para no pagar la fianza y que se suspendan las medidas cautelares por considerarlas ilegales.

la empresa Andina fue acusada en febrero por la Aduana Nacional de Bolivia de haber enviado ilegalmente 230.400 barriles de petróleo, entre 2004 y 2005, hacia Argentina y Chile, valuados en 9,2 millones de dólares.

La representación de la empresa en Santa Cruz sostiene que no cometió delito alguno, pero su presidente internacional, Antonio Brufau, señaló recientemente de visita en La Paz, que si incurrió en alguna irregularidad tendrá que «rectificar y pagar.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Angel Moratinos, volvió a referirse al asunto en Madrid el jueves al señalar que tiene el compromiso del presidente Morales de que se encontrará una solución «definitiva y satisfactoria a la situación de la petrolera.

Antes, Moratinos había afirmado que la acción de la justicia boliviana «es una mala señal para los inversionistas extranjeros, pero el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, le respondió que «cumplir la ley no es una mala señal.