Por MARIO MÉNDEZ
El secretario técnico de la Presidencia, ingeniero Temístocles Montás, anunció que el gobierno creará el marco jurídico apropiado para lograr una cooperación con el sector privado para inversiones en obras de infraestructura ante las limitaciones que tiene para buscar financiamiento por las restricciones que le impone el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

No obstante, dijo que a medida que se vaya logrando el espacio fiscal dentro del programa para ejecutar tales transacciones financieras, entonces el Gobierno procederá a darle curso a los financiamientos aprobados por el Congreso.

Al exponer en XXXIII Congreso de la Organización Regional de Cámara de Construcción de Centroamérica y el Caribe, celebrado ayer en Santo Domingo, Montás señaló que una de esas obras es la autopista del Coral.

Es evidente que en las actuales condiciones, el gobierno no está en condiciones de asumir por la vía presupuestaria toda la inversión que el país necesita en infraestructura.

Además, dijo que el sector público actualmente tiene restricciones para embarcarse en mega proyectos que requieren grandes esfuerzos fiscales y/o endeudamiento cuantioso.

Ante esa situación, planteó como alternativa emprender una iniciativa de cooperación conjunta entre el sector público y privado o “public-private partnerships”. Planteó que una de las claves del éxito del programa es que exista una base regulatoria clara y un programa de PPPs bien concebido.

La reforma administrativa del Estado Dominicano provee una base jurídica y operativa excelente que sustentaría esta iniciativa, sostuvo.

Dijo que la otra clave es que el sector público debe procurar establecer y mantener un marco legal y macroeconómico favorable durante la vida del proyecto. Un programa de este tipo “bien diseñado” resulta en una mejoría sustancial en la calidad de los servicios públicos, agregó.

Consideró que para mantener la sanidad del sistema es necesario desarrollar procedimientos formales para la evaluación correcta de los PPPs y evitar caer en las críticas de que el programa está hipotecando los ingresos futuros del estado.

“Dadas las limitaciones fiscales, que le impiden al Gobierno absorber más obras de infraestructura y dadas las necesidades de inversión en esta área, requeridas para desarrollar el país, cumplir con los objetivos del milenio para reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida de los dominicanos, el actual Gobierno está dedicando esfuerzos y recursos a fin de crear un marco legal y jurídico apropiado así como condiciones macroeconómicas estables que permitan la cooperación y el apoyo del sector privado (PPPs), en el desarrollo de esta importante área”, expresó.