El gobierno español se dispone a asumir el control total de las finanzas catalanas, ya bajo tutela parcial, lo que dejaría sin ningún recurso propio al ejecutivo regional. El sábado pasado, el ejecutivo de Mariano Rajoy anunció que quiere hacerse con el control de los ingresos fiscales percibidos directamente por el gobierno catalán.
Dichos ingresos consisten en determinados impuestos (gravámenes al patrimonio, derechos de sucesión) y gastos de matrícula en universidades públicas. Representan alrededor de un 25% de los ingresos del ejecutivo dirigido por Carles Puigdemont. Si el Senado, donde el partido de Rajoy es mayoritario, aprueba el próximo viernes las medidas solicitadas por el gobierno, la dirección general de impuestos de Cataluña deberá someter todas sus decisiones al ministerio de Hacienda y no al actual número dos de la Generalitat, Oriol Junqueras. De esta manera, el ejecutivo catalán perderá todo margen de maniobra financiera, dado que Madrid ya puso bajo su control el resto de sus recursos.
A mitad de septiembre, el gobierno español decidió cortocircuitar financieramente al gobierno catalán, a fin de evitar que sus dirigentes desviaran dinero público a tareas de organización del referendo ilegal del 1 de octubre, por ejemplo, la compra de urnas. De manera ordinaria, el Estado español recauda la mayor parte de los impuestos (salvo en el País Vasco y Navarra, que tienen autonomía fiscal), y luego reparte el dinero entre las distintas regiones. Éstas, a su vez, pagan las nóminas de los funcionarios, los servicios sociales y educativos, etc. Desde el 15 de septiembre, Madrid ya no deposita ese dinero en las cuentas de la Generalitat, sino que paga directamente las facturas de los servicios públicos esenciales de Cataluña (hospitales, escuelas, policía, etc). El gobierno de Rajoy tomó esta medida drástica después de que los separatistas se negaran a someterse a un control semanal.