El gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alcanzaron un acuerdo sobre las condiciones y garantías para la participación del grupo rebelde en la política, luego de su eventual desmovilización.

El pacto contempla la creación de «circunscripciones transitorias especiales de paz» para garantizar la presencia de los guerrilleros en el Congreso, así como un sistema de protección para los eventuales exrebeldes.

Sin embargo, el corresponsal de BBC Mundo en Bogotá, Arturo Wallace, informa que aún no está definido si todos los exguerrilleros podrán participar inmediatamente en la vida política, pues eso dependerá en buena medida de las decisiones que se tomen en materia de reparación de víctimas y justicia, aún pendientes.

«Las condiciones particulares para el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal serán discutidas en el marco del punto 3 de la agenda», anunciaron las partes en un comunicado conjunto leído en La Habana.

«Integración territorial». Las «circunscripciones especiales de paz», por su parte, fueron definidas como un mecanismo «para promover la integración territorial y la inclusión política de zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono, de manera que durante un período de transición estas poblaciones tengan una representación especial de sus intereses en la cámara de representantes, sin perjuicio de su participación en las elecciones ordinarias».

En lo acordado también se crean las pautas para el acceso de las FARC a los medios de comunicación.

De la misma manera se anunció la convocatoria a los voceros de organizaciones políticas para reglamentar un estatuto que dé el marco para la participación en política del grupo guerrillero.

En el comunicado emitido por las partes que participan en el diálogo y que tiene como garantes a Cuba y Noruega, destacaron que el acuerdo alcanzado «constituye una apertura democrática en el marco del fin del conflicto».

«Lo que hemos convenido, en su desarrollo, profundiza y robustece nuestra democracia, ampliando los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición, al igual que espacios de participación política y ciudadana. Promueve el pluralismo y la inclusión política, la participación y la transparencia en los procesos electorales y el robustecimiento de una cultura política democrática», indica el comunicado.

Este acuerdo anunciado es el segundo punto de la agenda de seis que definieron el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC para avanzar en las negociaciones de paz que buscan poner fin al conflicto armado en Colombia.

El siguiente punto que se tratará en las negociaciones es la «solución al problema de las drogas ilícitas».