El presidente Luis Abinader creó ayer la Comisión Revisora de Contratos sobre la Disposición de Terrenos Propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) la cual se encargará de revisar los contratos suscritos por esa institución pendientes de ser remitidos al Congreso Nacional para su aprobación definitiva.
La medida está en el decreto 273-23 emitido ayer.
La disposición presidencial trata sobre los contratos suscritos por el CEA con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto 268-16, el cual prohibió a partir del 27 de septiembre de 2016 la venta de terrenos propiedad del organismo.
Enriquillo Reyes, presidirá la comisión que integran, el director ejecutivo del CEA, Rafael Burgos Gómez, que será el vicepresidente; Yolanda de la Cruz Vargas, secretaria y el director general del Catastro Nacional, Fidias Federico Aristy Payano, junto a Francisco Torres, Fabio Alexandro Cabral y Víctor Sánchez, quienes participarán en la comisión a título honorífico.
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El decreto establece que en un plazo de dos meses, la comisión debe rendir un informe al presidente de la República, con el fin de determinar cuáles de esas operaciones jurídicas constituyen actos irreversibles, consumados y hechos de buena fe, y cuáles pueden ser reconsiderados por el Estado dominicano.
Según el decreto, hay un interés en la Presidencia de la República en determinar la legitimidad y legalidad de esos contratos antes de su remisión al Congreso Nacional para fines aprobatorios, también procura satisfacer los derechos adquiridos por aquellos adquirientes de buena fe.
El decreto establece que la Comisión creada rinda un informe al presidente de la República en un plazo de dos meses , después de que fue creada, en el que indique cuáles de esas operaciones jurídicas constituye un actos irreversibles consumados y hechos de buena fe y cuáles pueden ser reconsiderados por el Estado dominicano.
La medida podría beneficiar a miles de personas que por años han esperado que se defina su situación sobre la compra de determinada cantidad de terrenos del CEA, pero que por diversas razones no han podido obtener su título de propiedad por lo complicado de las gestiones y procesos burocráticos.
Son frecuentes las denuncias sobre invasiones a terrenos del CEA.