Gobierno creó el Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas, mediante el decreto 36-21 emitido este jueves por el presidente de la República, Luis Abinader.

El mismo tiene el objetivo de impulsar las normas y políticas de prevención de incumplimiento regulatorio e irregularidades administrativas que potencien los estándares de transparencia en la Administración Pública para garantizar una mayor eficiencia y efectividad en el uso de los fondos públicos.

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«El Programa de Cumplimiento Regulatorio en la Contrataciones Públicas se desarrollará bajo estándares internacionales ISO de gestión de cumplimiento y antisoborno, entre otros. Dichos estándares se implementarán en las Unidades de Compras de cada ente y órgano del gobierno para garantizar y promover el cumplimiento normativo bajo un esquema de gestión de riesgos de incumplimiento legal y prevención de irregularidades administrativas en la gestión pública desde la promoción de la integridad y la transparencia», expresa en su artículo número tres.

Además, instruye a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para que proceda con el desarrollo e implementación del Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas de bienes, servicios y obras en todas las instituciones sujetas al ámbito de aplicación de la ley núm. 340-06 y su modificación.

«La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) coordinará una mesa técnica con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio de Administración Pública, el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) y otras entidades de acuerdo a interés y oportunidad para mejorar la efectividad del Programa, procurando un esfuerzo interinstitucional coordinado que permita alcanzar los objetivos trazados, resalta.

También creara un Comité Nacional de Oficiales de Cumplimiento Publico que agrupara a los oficiales de cumplimiento público de todos los órganos y entes de la Administración Pública, y cuyas atribuciones, rol y perfil serán definidos por la DGCP en su calidad de Coordinadora Nacional del Comité.

La designación se contemplará con los requisitos y procedimientos a tales fines, garantizando la autonomía y profesionalización necesaria para su desempeño.