MIAMI. AP. Las autoridades instaron hoy a jóvenes inmigrantes a participar en un programa gubernamental que suspende temporalmente sus deportaciones y advirtió que no se trata de una trampa para detenerlos.  

Altos funcionarios del Departamento de Inmigración y Ciudadanía (USCIS por sus siglas en inglés) anunciaron una serie de medidas para implementar dicho programa a partir del 15 de agosto.  

Esta nueva política fue anunciada en junio por el presidente Barack Obama.  

Entre los anuncios más importantes se encuentran la firma de un acuerdo de confidencialidad que impide a las autoridades compartir información para procesar criminalmente y deportar a los jóvenes que residan sin autorización legal siempre que no hayan sido condenados de delitos graves y no se trate de personas que representen una amenaza a la seguridad pública.  

También anunciaron que, en la solicitud de aplicación, no les preguntarán a los jóvenes si tienen o no un número de seguridad social; situación que preocupa a miles de trabajadores sin papeles que se han inventado ese número o han conseguido una tarjeta falsa para poder laboral.  

Las solicitudes de quienes hayan sido condenados por la comisión de delitos graves, por tres faltas menores (misdemeanor) o una falta menor significativa (significant misdemeanor) serán rechazadas y se iniciará un proceso de deportación en su contra.  

Delitos graves, según una lista del Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés), incluyen delitos sexuales, robos a viviendas, o el porte ilegal de armas.  

Conducir sin licencia no se considera un delito grave. Este es un aspecto importante porque la mayoría de los estados no concede licencias a los inmigrantes sin papeles.  

Un funcionario de alto rango del DHS dijo que los jóvenes inmigrantes sin papeles que estén interesados en participar del programa deberán abonar “465 dólares” a partir del 15 de agosto, al momento de presentar su solicitud.  

Los solicitantes, que deben asistir a una cita y someterse a un proceso de verificación de antecedentes, podrían esperar varios meses antes de conocer una decisión sobre su caso.  

Las autoridades también dijeron que el proceso de aprobación o rechazo de las solicitudes podría llevar varios meses ya que incluye una investigación profunda de antecedentes.  

La abogada de inmigración Helen Parsonage explicó a la AP que esto “significa que les van a tomar las huellas dactilares en la oficina local de inmigración y estoy segura que las van a pasar por las bases del datos del FBI, DHS , ICE y la Patrulla Fronteriza”.  

“Van a revisar sus certificados de nacimiento y resolver cualquier pregunta”, dijo.   

La deportación de “personas que llegaron a Estados Unidos como niños y cumplen con otras directrices claves” no será una prioridad para el gobierno, manifestó el director de USCIS, Alejandro Mayorkas, en una conferencia de prensa telefónica.  

Las personas que demuestren que cumplen con los requisitos, pueden pedir que se consideren sus casos para ser beneficiados con la suspensión de la deportación, dijo.  

De acuerdo con el programa, los jóvenes podrán suspender su deportación si demuestran que: 1) tienen 30 años o menos; 2) haber estado en Estados Unidos al menos durante cinco años; 3) haber llegado al país antes de cumplir los 16 años; 4) haber concluido sus estudios en una secundaria estadounidense u haber obtenido un certificado de aprobación del examen en inglés de Desarrollo Educativo General (o GED como se le conoce por sus siglas en inglés); y 5) encontrarse actualmente en la escuela.  

La medida les permite también solicitar un permiso de trabajo de dos años de duración, que puede ser renovado por otros dos más.  

Unos 800 mil jóvenes podrían beneficiarse con el programa, según cálculos del gobierno.  

En la conferencia telefónica un funcionario dijo que quienes proporcionen información falsa en el acuerdo de confidencialidad serán procesados por fraude.  

“Lo que están diciendo es que no van a compartir la información que allí se suscriba a menos de que tengan un antecedente criminal o que entreguen información falsa y sea un fraude”, dijo a la AP Parsonage en referencia a dicho acuerdo.  

La solicitud de suspensión de la deportación podrá ser renovada por dos años más, como sucede con el programa Estatus de Protección Temporal (TPS), que ha sido aprobado para ciudadanos de algunos países centroamericanos, entre ellos El Salvador, Honduras y Nicaragua.  

Sobre la renovación de la deportación diferida, la abogada Parsonage indicó que “es cada dos años y parece que es por tiempo indefinido”.  

Parsonage advirtió que no deberían presentar solicitudes para beneficiarse quienes tengan una “condena por un delito grave, una infracción grave (significant misdemeanor) o tres infracciones menores (misdemeanor)”.   En esos casos, indicó, “yo les diría que no apliquen a la deportación diferida. Les diría ’usted no es elegible, punto”’.  

La abogada explicó que los pedidos para beneficiarse con la deportación diferida y el permiso de trabajo se presentan “al mismo tiempo y son aprobados al mismo tiempo”.  

Las autoridades dijeron que otorgarán un número limitado de exenciones para quienes no tengan cómo pagar la tarifa. Pero se espera que los costos sean asumidos por los solicitantes, y no los contribuyentes. El costo total del programa dependerá de la cantidad de personas que presenten solicitudes para beneficiarse.  

El director del USCIS, Alejandro Mayorkas, dijo que habrá exenciones en las tarifas a pagar y que serán otorgadas “en determinadas circunstancias”.  

Los funcionarios de alto nivel señalaron que estas exenciones serán aprobadas con moderación. Por ejemplo, la recibirán las personas sin hogar, las discapacitadas o quienes viven en extrema pobreza.  

Documentos internos obtenidos por la AP estiman que el número de solicitantes podría superar un millón en el primer año, o más de tres mil al día. Costará entre 467 millones y 585 millones de dólares procesar las solicitudes durante los dos primeros años.  

El dinero del procesamiento será pagado de las tarifas pagadas por los inmigrantes por aplicar al beneficio. Se estima que sea 484 millones de dólares.  

Algunas organizaciones no gubernamentales aplaudieron las medidas anunciadas.  

“Acogemos las directrices anunciadas hoy para esta poderosa iniciativa que pondrá más cerca de concretar sus sueños a muchos jóvenes inmigrantes con aspiraciones”, manifestó Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración.  

“Gracias a la acción diferida, estos jóvenes inmigrantes trabajadores que crecieron en Estados Unidos finalmente tendrán la posibilidad de trabajar como profesionales”.  

Gisela Salomón está en Twitter como http://www.twitter.com/giselasalomon  

El reportero Elliot Spagat colaboró con este despacho desde San Diego, California.