EDUARDO JORGE PRATS
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Desde hace milenios, la pregunta política fundamental ha sido saber si es mejor ser gobernado por buenos hombres o por buenas leyes. La respuesta a esta cuestión siempre ha sido clara para los clásicos. Para Platón, “allí donde la ley está sometida a los gobernantes y carece de autoridad, yo veo la pronta ruina de la ciudad; en cambio, donde la ley es señora de los gobernantes y los gobernantes son sus esclavos, yo veo la salvación de la ciudad”. Por igual, Aristóteles entiende que es mejor ser gobernado por una ley que “no tiene pasiones” que por un alma humana para la cual “las pasiones son connaturales”.

 Pero… ¿qué hacer cuando los gobernantes no son lo suficientemente buenos para gobernar haciendo respetar las leyes? ¿Qué hacer cuando «la ley se acata pero no se cumple», cuando a los amigos del gobierno se les permite todo y a los enemigos se le aplica la ley? En teoría, la solución a este problema lo ofrece el Estado democrático de Derecho que, al tiempo que permite la censura popular de los gobernantes malos a través del voto, garantiza el control del poder mediante un sistema de frenos y contrapesos (Congreso, justicia, contralorías, defensores del pueblo, opinión pública, etc.).

 Lo cierto es, sin embargo, que las democracias realmente existentes, en mayor o menor medida y en todos los países del mundo, pero principalmente en aquellos en donde existen grandes desigualdades socio-económicas, ha devenido en un mercado político dominado, como ya lo observaron Max Weber y Joseph Schumpeter, por el político transformado en empresario, cuyas ganancias se miden en votos acumulados conforme la capacidad de satisfacer los intereses de una clientela a partir del uso de los recursos públicos. En consecuencia, la terrible paradoja de la democracia es que la responsividad de los políticos solo aumenta en la medida en que responden efectivamente las demandas de sus clientes.

 Ocurre entonces que quien vota por un partido no lo hace porque esté convencido de las ideas de ese partido o sus candidatos, sino porque éstos puedan satisfacer sus intereses. Por ello prevalece el voto de intercambio sobre el voto de opinión y ello quizás explique por qué muchos electorados son insensibles a las campañas negativas contra sus candidatos preferidos. Hoy, para citar a Norberto Bobbio, “la única opinión verdadera es la de quienes no votan porque entendieron o creen haber entendido que las elecciones son un rito que puede ser pasado por alto sin graves daños, y como todos los ritos, como por ejemplo la comida de los domingos, a fin de cuentas son una aburrición”.

 Ante este panorama desolador marcado por la conversión del ciudadano elector en cliente y por la pasividad de los ciudadanos conscientes, ante esta privatización de la arena pública, ¿cuáles son las vías para retomar las ideas que dieron vida al gobierno democrático, al gobierno de leyes democráticamente aprobadas (per leges) y al gobierno sometido a las leyes (sub leges)? ¿Cómo evitar el gobierno de los hombres? Weber pensó que la clave era combinar el carisma del jefe con la legitimidad democrática -lo que nuestro Euribíades Concepción denominó el “pitcher taponero”, pero ello conduce indefectiblemente al cesarismo democrático, al bonapartismo, al despotismo democrático, a la democracia plesbicitaria.

 El problema de la solución weberiana es que intenta enfrentar los problemas de la democracia con más democracia. Y está claro que lo que necesitamos es más Derecho con democracia de calidad, más frenos y contrapesos que nos liberen de las ataduras de la democracia clientelar. Necesitamos un Estado social que le robe los clientes a los partidos mediante la garantía de los derechos sociales fundamentales vía procedimientos jurídicos formalizados que erradiquen la discrecionalidad y el oportunismo de un Estado prestacional clientelar. Necesitamos autoridades independientes que tutelen una economía social de mercado al margen de la arbitrariedad político-coyuntural. Necesitamos una representación legislativa popular que pueda controlar los desmanes de la rama ejecutiva. Necesitamos una justicia independiente que sirva de contrapeso a los poderes políticos. Necesitamos un Defensor del Pueblo que, con su prestigio moral, censure los atropellos de las autoridades. En fin, necesitamos que el Estado no solo sea democrático sino también sobre todo de Derecho.