PANAMÁ. AFP. El gobierno de Panamá sancionó hoy la ley que deroga una anterior que lo facultaba a vender tierras del Estado en la zona franca del país, en la provincia de Colón (Norte), origen de violentas protestas que dejaron tres muertos.

El presidente Ricardo Martinelli, en compañía de varios ministros, sancionó la normativa que el Congreso panameño había aprobado en horas de la madrugada. La derogación se produjo «a fin de superar la intranquilidad que pudiera haber» en el país, declaró el Secretario de Estado de Comunicación, Luis Eduardo Camacho.

«Ya se enmendó el error», dijo el presidente del Congreso, el oficialista Sergio Gálvez, después que 59 diputados votaran a favor de eliminar la ley que habían aprobado el 19 de octubre en medio de protestas. No hubo votos en contra ni abstenciones.

«Estoy convencido que la ley es buena, pero aquí estuvo metida la política», aseguró Gálvez.

Por su parte, los organizadores de las protestas contra la anterior legislación celebraron lanzando fuegos artificiales en las inmediaciones del Congreso en la capital. «Le hemos dado al presidente Martinelli una lección importante.

No toda la cosa pública puede ser objeto de la ambición personal de él. Las cosas del pueblo se respetan», dijo a la AFP Edgardo Voitier, coordinador general del Frente Amplio Colonense, organizador de las protestas.

Con más de tres mil empresas en operaciones y 30 mil trabajadores, la zona franca, considerada la más importante de América Latina, movió en 2011 mercancías por más de 29 mil millones de dólares y aportó mil 700 millones de dólares a los 23 mil 200 millones del Producto Interno Bruto.

Paralelamente a la nueva ley, se creará una comisión legislativa para tratar de esclarecer las tres muertes y las denuncias de abuso policial durante las protestas. Al cabo de 60 días deberá rendir un informe y determinará la indemnización que pudiera corresponder a los familiares de las víctimas.

Desde la sanción de la ley el mismo 19 de octubre, policías y manifestantes se enfrentaron varias ocasiones y se produjeron saqueos de comercios, principalmente en Colón y la capital lo que generó masivas detenciones. Además de las tres víctimas mortales, hubo al menos medio centenar de heridos, la mitad por armas de fuego, y centenares de detenidos.

«La sensación es de satisfacción y de tristeza, porque ha tenido que ocurrir toda una semana turbulenta, con muertos y cantidad de heridos y detenidos» para que la ley fuera derogada, lamentó Voitier, quien adelantó que buscarán «justicia» a nivel internacional porque «estos muertos no pueden quedar así».

La derogación de la ley «significa el retorno al pueblo» de propiedades valoradas en 1.700 millones de dólares, añadió Voitier.

La Cámara de Comercio panameña informó que las protestas habrían dejado unos 40 millones de dólares en pérdidas. Severo Sousa, directivo de la Asociación de usuarios de la zona franca, aseguró a la AFP que se dejaron de movilizar más de 500 millones de dólares.

«La ley buscaba lo mejor para Colón pero tuvo poca aceptación», reconoció Martinelli, de gira en Asia durante la crisis. La normativa permitía al Estado la venta de terrenos en la zona franca y el 35% de lo recaudado iría a un fideicomiso a cargo de autoridades de Colón para inversión social.

Pero el gobierno panameño la modificó para que el 100% de los ingresos fuera a ese fideicomiso, lo que no logró calmar a los opositores que la rechazaban de plano.

Los organizadores de las protestas manifestaron su intención de negociar con el gobierno para obtener fondos provenientes de la zona franca y de otras partes de Colón para inversión social, «para hacer justicia con un pueblo colonense que históricamente ha vivido una tragedia», según Voitier.