El presidente colombiano, Gustavo Petro, enfrenta la primera gran crisis de su Gobierno por cuenta de la paz total, su programa bandera, salpicado por las relaciones turbias de uno de sus hermanos y su hijo mayor, y la resistencia a su proyecto de reforma a la salud, incluso en su gabinete.

El mandatario, el primero de izquierdas de Colombia, también tuvo problemas por una protesta en una petrolera que dejó 2 muertos y 84 retenidos, entre policías y trabajadores, que ya fueron liberados, así como por sus discusiones en Twitter con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y con el Gobierno de Perú.

Y es que justo el uso de esa red social, en la que publica muchos tuits a lo largo del día es, en opinión del analista Manuel Alejandro Rayran, un problema para el mandatario porque está desgastando ahí su capital político.

«Utilizar Twitter y no los canales institucionales también tiene un desgaste político para el presidente, un desgaste en su popularidad y con eso me refiero no solamente a los asuntos internos, sino al tema de El Salvador y el tema de Perú, por ejemplo», dice a EFE Rayran, profesor de la Universidad Externado de Colombia.

Problemas de su hijo y su hermano

El mandatario publicó el jueves un comunicado en el que se refirió a «información que se rumora en la opinión pública» sobre su hermano Juan Fernando Petro Urrego y su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y pidió al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, «adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades».

Petro hizo referencia a supuestas reuniones en cárceles donde, según algunas versiones, personas de su entorno pueden estar haciéndose pasar por miembros del Gobierno para contactar a criminales y ofrecerles su inclusión en el programa de «paz total» a cambio de dinero, una sospecha que recae en su hermano pero a la que no fue vinculado su hijo.

Sin embargo, horas después, Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, en una entrevista con la revista Semana, acusó al hijo mayor del presidente de haber recibido dinero del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias el «hombre Marlboro», para la campaña presidencial de su padre que, sin embargo, nunca llegó a ese destino.

«Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él (Nicolás) se quedó con ese dinero, y así otros», dijo Vásquez, quien aseguró que Lopesierra le entregó al hijo de Petro «más de 600 millones de pesos (unos 124.700 dólares de hoy) para la campaña del papá» y que además recibió 200 millones de pesos (unos 41.500 dólares) del empresario Alfonso «Turco» Hilsaca, que tampoco entraron a la campaña.

Para Rayran, Petro actuó bien porque se anticipó al escándalo de su hijo, aunque eso igual causó «un daño para el Gobierno».

«Que el Gobierno haya sido el que saque el comunicado, el que le pide a la Fiscalía que investigue a su hijo y a su hermano, eso puede reducir un poco el daño pero no lo quita», dijo el experto, quien recordó que el propio Petro y su equipo acusaron hace cuatro año al expresidente colombiano Iván Duque de «haber recibido dinero de gente de no muy buena procedencia».

Líos en la paz total

Con la paz total el Gobierno busca negociar no solo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), sino con disidencias de las FARC y pretende, además, el sometimiento a la justicia de bandas criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Sin embargo, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, aseguró el viernes que un preso pagó 120 millones de pesos (unos 25.000 dólares) para beneficiarse de la «paz total».

En los últimos meses se conoció de la existencia de un supuesto «cartel de abogados» que al parecer va a las cárceles para ofrecer a narcotraficantes beneficios o incluso pedirles dinero a cambio de que sean incluidos en la «paz total».

Petro dijo esta semana que el único autorizado para hacer esos acercamientos es Rueda, algo que en opinión de Rayran fue mal gestionado en términos de comunicación porque no estaba claro.

Reformas polémicas

Las reformas sociales del presidente también detonaron una crisis en su gabinete, del que fue destituido esta semana el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, crítico con los cambios propuestos a la salud y, con él, las titulares de Cultura y Deporte.

Igualmente le ha costado gobernabilidad al mandatario, pues algunos partidos de Gobierno como el Liberal, el Conservador y la U aseguraron que harán cambios de fondo al proyecto de ley presentado por la ministra de Salud, Carolina Corcho, mientras que la Corte Constitucional advirtió que, de pasar, la reforma puede ser tumbada por vicios de trámite.

Toda esta situación le ha pasado factura a Petro porque evidencia, en opinión de Rayran, que no hay «una posición unificada del Gobierno en los diferentes puntos» y tiene al presidente lidiando con una crisis que necesita superar pronto si quiere hacer los cambios sociales que le permitieron llegar al cargo el pasado 7 de agosto.