El gobierno de Puerto Rico demandó ayer a una junta federal de control para resolver las diferencias entre dos presupuestos rivales diseñados para sacar al territorio estadounidense de una profunda recesión.
El gobernador Ricardo Rosselló dijo que solicitó un interdicto para impedir que la junta imponga un presupuesto de US 8,760 millones que contiene varias medidas de austeridad y acusó a la junta que supervisa las finanzas de la isla de tratar de dictar políticas públicas. «Nuestro norte siempre será defender a los más vulnerables», dijo.
Se espera que la demanda defina los poderes de una junta creada por el Congreso estadounidense hace dos años para supervisar las finanzas de Puerto Rico.
La demanda acusa a la junta de imponerles a los puertorriqueños sus preferencias de políticas y de controlar de forma excesiva todos los gastos presupuestarios. La querella advierte que eso pudiera incrementar el flujo de migración hacia el territorio continental de Estados Unidos, lo que reduciría la base de contribuyentes y empeoraría la situación económica y humanitaria de la isla.
La demanda es el resultado de las peleas en torno al presupuesto en la isla: uno fue aprobado por la junta, y el otro por la legislatura y sancionado por Rosselló esta semana.
Las diferencias surgieron cuando la legislatura puertorriqueña no pudo derogar una ley que protege a los trabajadores que podrían haber sido despedidos sin justa causa. La junta dice que la medida es necesaria para atraer inversionistas, y que si fuera aprobada, no reduciría las vacaciones, los asuetos por enfermedad ni el aguinaldo para trabajadores estatales como parte de las medidas de austeridad.