San Juan.- Con el acceso a los mercados completamente bloqueado y las arcas públicas sin apenas capacidad para atender la prestación de algunos servicios públicos, el Gobierno de Puerto Rico aún no ha decidido si pagar los 354 millones de dólares que tiene que abonar mañana a sus acreedores.

Este sería el primer impago de bonos directamente garantizados por el Gobierno de Puerto Rico, aunque el pasado agosto ya dejó sin pagar a tiempo unos 60 millones de dólares de la Corporación para el Financiamiento Público de la isla, en recesión desde 2006.

“Aún estamos en negociaciones con algunos acreedores y entre hoy y mañana tomaremos la decisión final sobre qué pagos se harán y cuáles no”, dijo hoy el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, en una conferencia de prensa.

El pago incluye 267 millones de dólares de deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el brazo financiero del Gobierno, cuyo cobro está garantizado por la Constitución de la isla, que en conjunto acumula deudas por valor de unos 72.000 millones de dólares.

El Gobierno de la isla está inmerso en negociaciones con sus acreedores para tratar de que acepten el intercambio de su deuda por una porción de un “superbono” que estaría respaldado por nuevos títulos amparados por los ingresos procedentes del Impuesto a la Venta y Uso (IVU). Supondría una reestructuración de la deuda para reducir el principal que se debe a los bonistas pero al mismo tiempo les ofrecería más garantías de cobro.

El Gobierno insiste en que su prioridad ha dejado de ser el pago de la deuda para pasar a ser la financiación de servicios públicos esenciales.

Según diferentes analistas, si el Gobierno decide pagar mañana la deuda, se podría ver mermada su capacidad negociadora con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), con los que está en conversaciones paralelas para reestructurar la deuda y a los que está pidiendo también que acepten una reducción del principal.

En cambio, si no paga, se podría iniciar una batalla judicial con el resto de los bonistas, que reclaman recuperar sus inversiones, con los correspondientes intereses, lo que afectaría al mercado internacional de bonos municipales pero también podría forzar a Washington a intervenir.

García Padilla insistió en que tratará de pagar el bono de Navidad a los empleados públicos, pese a los problemas de liquidez, aunque dio a entender que lo aplazará al máximo, ya que por ley tiene hasta el 20 de diciembre para ordenar ese pago.

“No sobra el dinero”, reconoció hoy el gobernador, que insistió en la necesidad de disponer de fondos suficientes para mantener el gobierno operando y dijo que, aunque hay fondos para pagar la deuda, ello repercutiría en otros gastos, entre ellos los de los proveedores del Gobierno.

“Ese análisis se continúa haciendo, y si se va a pagar o no, qué medidas vamos a tomar, se van a anunciar en las próximas horas o, a más tardar, mañana”, dijo.

Las principales agencias de calificación prevén un impago al menos parcial de la deuda que vence mañana, día en que el Comité de lo Jurídico del Senado federal celebrará en Washington una audiencia sobre la crisis fiscal de Puerto Rico.

El Gobierno de la isla demanda al Congreso que le permita declararse en bancarrota a través de la Ley federal de Quiebras, lo que podría sentar un peligroso precedente para que otros Estados de EE.UU. hagan lo mismo.

La Administración del presidente de EE.UU., Barack Obama, ya propuso una vía para ampliar la protección de la ley a Puerto Rico mientras se reforma el sistema fiscal y sanitario y se aplican medidas de austeridad, aunque los republicanos del Senado aseguran estar elaborando su propia propuesta.

El Congreso federal estudia exigir la formación de una Junta de Control federal, algo que García Padillo dijo que aceptará siempre que se respete la autonomía de Puerto Rico.

Jennifer González, del principal partido de la oposición, reclamó hoy al Gobierno que haga frente al pago, para evitar el daño que un impago supondría para la credibilidad de la isla en los mercados financieros.

Con independencia de lo que ocurra con las obligaciones que vencen mañana, el próximo 1 de enero el Gobierno de esta isla de 3,5 millones de habitantes (de los que casi la mitad viven bajo el índice de pobreza), se enfrentará de nuevo a otro pago aún mayor si no logra renegociar la deuda- 957 millones de dólares.