Caracas, 18 ene (EFE).- El Gobierno venezolano estudia hoy la respuesta que dará al comunicado emitido el pasado domingo por Colombia, tras la crisis que ha acarreado la captura del guerrillero colombiano Rodrigo Granda.

El Ejecutivo de Colombia señaló el domingo que «paga recompensas a informantes que permitan la captura de terroristas, no soborna» y pidió a Venezuela «presentar las pruebas sobre el supuesto soborno a funcionarios» de ese país que facilitaron la detención del rebelde.

Indicó, además, que albergar terroristas viola la soberanía colombiana y que aportará pruebas de la protección de la que gozaba Granda por parte de funcionarios venezolanos.

Ayer, lunes, se esperaba la réplica de la Cancillería venezolana, pero el Gobierno prefirió posponerla dada la naturaleza del asunto.

«Una vez concluido el análisis sobre la situación, se ofrecerá oportunamente la información que corresponda», señaló un escueto comunicado oficial.

Las desavenencias entre ambos países se desataron con la captura en diciembre de Granda, considerado el «canciller» de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la principal y más numerosa guerrilla de esa nación.

Aunque la respuesta de la Cancillería venezolana se aplazó, los ministros de Comunicación, Andrés Izarra, y de Interior, Jesse Chacón, se refirieron al hecho, haciéndose eco de lo expresado por el presidente Hugo Chávez el domingo.

Izarra afirmó que los planteamientos de Colombia siguen sin responder al punto central que ha originado la crisis, es decir, que Colombia «sobornó» a oficiales venezolanos y violó la soberanía venezolana.

Recordó una vez más que Granda fue «secuestrado» en Caracas el pasado 13 de diciembre a pesar de que en ese momento no tenía en su contra ninguna orden de búsqueda o captura internacional.

Sin embargo, portavoces del Gobierno colombiano indicaron ayer que Granda sí estaba reclamado por la Interpol desde el «5 de enero de 2004».