Al Estado le cuesta alrededor de RD$900 millones al año las pensiones de más de 13,000 trabajadores de la caña que reclaman  se haga justicia y que viven en total estado de miseria.

Para el sindicalista Rafael Abreu (Pepe) y el doctor Fulgencio Severino,  experto en Seguridad Social y jefe del Departamento Cardiovasular del hospital Salvador B. Gautier, la situación de esos ancianos refleja una gran inequidad y hasta una estafa.

“Cuando aquí se privatizó todo en el 1997, el Gobierno le prometió a los trabajadores que aunque no siguieran trabajando les daría una pensión vía el IDSS, eso fue un pacto entre tres partes”, aseguró Severino.

La mayoría son personas mayores y enfermas, sucede que el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) le envía una solicitud de pensión al Ministerio de Hacienda y  exigen todo tipo de papeles y cotizaciones, refiere Severino.

Dijo que el principal problema es casi siempre un número de cotizaciones que no va a aparecer ya, lo que se necesita es una disposición oficial para emitir un decreto que les entregue el dinero a los que quedan vivos.

Hace solo unos días llegaron 19 pensiones para estos trabajadores de la caña, pero 18 de esos ancianos ya habían muerto, confirmó Manuel Núñez, dirigente de los obreros de la otrora industria cañera.

Severino aseguró que esos envejecientes ya lo que esperan es la muerte, todos sobrepasan los 70 años. Todos están sin empleo y carecen de servicios de salud.

Centrales sindicales.  Con respecto a la poca solidaridad que han encontrado esos trabajadores en las centrales sindicales, el sindicalista Pepe  Abreu, considera que sí han hecho esfuerzos por ayudarlos.

Pidió a Jesús Núñez, dirigente de esos trabajadores,  que se acerque a las centrales y pida solidaridad. Ven  necesario que el Gobierno emita un decreto que entregue los recursos que por justicia pertenecen a esos trabajadores que entregaron su vida a la industria cañera.

Lamentó que el Gobierno pensione a gente con dinero y no haga eso con los trabajadores.