El Gobierno declaró no urbanizable una franja de 270,000 metros cuadrados del sector Domingo Savio a orilla del río Ozama, donde habitan 1,400 familias, por lo que replantea el proyecto anunciado por el presidente Danilo Medina en la zona, y decide indemnizar a sus habitantes con los recursos suficientes para que compren viviendas próximo al lugar.
En rueda de prensa en el salón de conferencias del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), la arquitecta Patricia Cuevas, coordinadora de la Unidad para el Reordenamiento de la Barquita y Entorno (URBE), explicó que la decisión del Gobierno de poner fin al estado de vulnerabilidad en la zona es contundente.
Precisó que URBE tiene identificadas las personas que habitan en Domingo Savio, tanto «casa por casa como caso por caso», con lo que en las próximas horas estarán dado respuesta a cada uno en particular.
Explicó que la experiencia adquirida durante su presencia en el área indica que ningún caso es similar al otro, de ahí que tratarán cada caso de manera particular.
Mostró el plano de intervención que consta de un parque fluvial, vías de acceso, equipamiento sociales para las 40 mil personas que habitan en el lugar, un nuevo mercado de Los Guandules, así como otros servicios como 911.
Dijo que URBE se vio precisada a reformular el plantel educativo a levantar en al área, por planteles más compactos que necesitan mucho menos espacios, además de los modelos de estancias infantiles.
Explicó que los comportamientos climáticos del año pasado, como los huracanes Irma, María y otros, provocaron que el Gobierno desistiera de la posición original de construir viviendas en Domingo Savio por la de pago o indemnización a los afectados para que puedan obtener sus techos en las proximidades.
Cuevas precisó que el gobierno no cuenta con las 50 hectáreas que adquirió en Santo Domingo Norte para levantar el proyecto Nueva Barquita, para trasladar a 1,400 familias de Domingo Savio.
Explicó que la experiencia de los moradores de La Barquita indica que la gente sigue apegada al entorno donde ha vivido históricamente, por lo que muchos de los que habitan en el Nuevo Proyecto siguen trasladándose diariamente a Los Mina y entorno.
Por eso, dijo, URBE no pretende desarraigar a las familias que habitan los barrios La Ciénaga y Los Guandules, por lo que se compensarán de acuerdo a la vivienda, cantidad de personas, pero resarcidos para que puedan adquirir una casa en la cercanía.
Advirtió que para evitar que suceda como con los desalojados de Gualey y los Tres Brazos, para dar paso al puente por donde rodará el Metro, donde muchos de los indemnizados se quedaron en las márgenes, se establecerá el mismo protocolo de la vieja Barquita.
La coordinadora de urbe, Patricia Cuevas, sostuvo que una vez indemnizada la familia, la vivienda será demolida automáticamente y no se permitirá que los desocupados vayan a zonas vulnerables.