El Gobierno informó mediante un comunicado de prensa que la designación de Wellington Arnaud como director del Instituto Nacional de Agua Potable (INAPA) responde al interés de establecer alianzas pública-privadas, y que por eso lo hizo de forma interina, sin él haberlo solicitado, y respetando las leyes. Manifestaron que los proyectos que se ejecutarán mediante alianzas público privadas requieren de la formación legal, la capacidad gerencial y política del señor Arnaud.
El comunicado señaló que Welington Arnaud no solicitó ni exigió ser director de INAPA, pero que el Gobierno entiende que él es la persona idónea para ejecutar los planes concebidos para el sector agua.
«En el Gobierno estamos agradecidos de que un joven líder político honesto, capaz, eficiente como diputado, enfocado siempre en el desarrollo humano aceptara formar parte de esta administración», expusieron.
Lamentaron que muchos sectores se adelantaran a criticar la iniciativa y que, según ellos, no se percataran del espíritu de la misma y de que el propósito no es otro que satisfacer la demanda de muchas comunidades por un acueducto o para que les reparen los que están dañados
Sobre la modificación de la Ley 5994 que crea el INAPA
En la nota de prensa explicaron que esta reforma hará posible la ejecución de un plan definitivo para modernizar el INAPA, considerando que no es posible que el 70% de la población siga sin recibir agua. Invitaron a todo el país a mantenerse atentos a las ejecutorias del señor Arnaud, asegurando que lo correcto es juzgar sus acciones y no prejuzgar su nombramiento.
Las nuevas autoridades planean construir todos los acueductos necesarios en el país, y reconstruir los que están deteriorados. Para ello, se contemplan alianzas público-privadas. La primera de esas alianzas será anunciada en las próximas semanas en Punta Cana-Bávaro.
Aseguraron que, para que esas alianzas público privadas tenga éxito, es necesario cambiar los requisitos y las capacidades en la gestión del INAPA. En ese propósito, afirmaron haber gestionado la ley que crea el INAPA que, como en otros casos, el Ministerio de Administración Pública (MAP) estudia eliminar las limitaciones y rigidez en la selección del personal capaz de dirigir las instituciones para desarrollar los planes contenidos en nuestro programa de Gobierno.