Hoy 
Hasta el momento se desconocen los efectos de esa disposición que llamaba a las empresas a acogerse a la legalidad en los contratos con extranjeros.
El próximo lunes se cumplirá un año del ultimátum que dio el Gobierno a los empresarios para que regularizaran el estado migratorio de sus empleados advirtiendo que aquellas empresas que no se acogieran a esta disposición podrían recibir sanciones que iban desde multas de cinco a 30 salarios mínimos.
Durante una rueda de prensa en la que participaron los miembros del Consejo Nacional de Migración, que se dio en el Palacio de la Presidencia, el ministro de interior y policía, Jesús (Chu) Vásquez, dijo que esa institución y el Ministerio de Trabajo se mantendrían vigilantes a que las empresas del país cumplieran los artículos del 135 al 140 del Código de Trabajo en los que se establece la proporcionalidad de los trabajadores extranjeros contratados, que debe ser de un 80% a 20%, es decir, 80 por ciento de los empleados de las empresas deben ser dominicanos y el otro 20 por ciento extranjeros.
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“Las empresas y empleadores nacionales que requieren los servicios de ciudadanos extranjeros conocen la obligación de cumplir con las disposiciones migratorias…”, decía la declaración del Consejo.
Sin embargo, a hoy, 23 de noviembre de 2022, aún se desconocen las acciones de seguimiento a esta decisión adoptada por el Gobierno frente a la inmigración ilegal haitiana que es empleada mayormente en los sectores de la construcción y agrícola del país. Tampoco se conoce si hubo empresas sancionadas por emplear de manera ilegal a extranjeros.
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La respuesta de los empresarios al Gobierno
Meses después de la disposición del Gobierno, la Asociación de Industriales y Comerciantes de Santiago (ACIS) rompió un acuerdo con la representación del Consulado de Haití en esa provincia en el que se comprometían a facilitar las condiciones necesarias y exigidas por el Estado dominicano para que los inmigrantes pudieran trabajar tranquilamente en el país, al menos en esa provincia.
Se recuerda que que, en ese momento, la Dirección General de Migración alertó que ese acuerdo carecía de validez ya que no contaba con el aval del Gobierno dominicano.
En cuanto a la situación actual, frente a los operativos de deportación que realiza la Dirección General de Migración los empresarios aseguran que estos afectarán de manera directa o indirecta las acciones de varios sectores, no obstante, han manifestado su apoyo a las acciones del Gobierno dominicano y su rechazo a las declaraciones de la Embajada de Estados Unidos en el país.
