Hoy 
YLMA GONZÁLEZ
El gobierno es el responsable de las distorsiones del Plan Básico de Salud (PBS) con lo cual persigue trastornar la Ley 87 01 ya que es el responsable ante la sociedad de la correcta aplicación de dicha Ley. Actualmente son múltiples los incumplimientos, e improvisando la entrada en vigencia del Plan Básico de Salud, sin la debida preparación para tan compleja y necesaria tarea del Estado.
No nos sorprende las diferentes quejas de los sectores involucrados en la ejecución y prestación de los servicios y beneficiarios del Plan Básico de Salud, ya que el gobierno luego de desperdiciar tres años ignorando las tareas impostergables e imprescindibles para garantizar los requisitos que establece la Ley 87 01 así como los Reglamentos y Normas, donde se especifican cada una de las acciones a ejecutar, para garantizar el Plan Básico de Salud a la población.
Los principales incumplimientos del gobierno son: nueve meses al inicio del actual gobierno sin que el Consejo Nacional de la Seguridad Social CNSS se reuniera, lo que produjo la pérdida del período 2004 2005 ante la indiferencia gubernamental.
Durante el 2005 2006 el gobierno justifica la no implementación del Seguro Familiar de Salud responsabilizando a los principales ejecutivos del Sistema, procediendo a sustituir los mismos, lo que no produjo cambio alguno a favor del avance del mismo, y sin variar la inactividad ya existente.
En el 2007, ante la demanda de la población se anuncia la esperada entrada del Seguro Familiar de Salud con la agravante de no haber realizado los trabajos imprescindibles para la ejecución del Plan Básico de Salud, como son: carnetizar la población. Hoy las autoridades dicen que no es necesario estar identificado para requerir los servicios de salud.
La libre elección ha sido vulnerada por la Tesorería y UNIPAGOS en complicidad con el presidente Fernández y el Vicepresidente Alburquerque, repartiendo los afiliados sin autorización de los mismos como establece la ley. De ahí que muchos afiliados hoy día desconocen a cual ARS pertenecen, y mucho menos a la red de prestadores a la que deben acudir.
La SISALRIL, actualmente inoperante y pasiva, es la responsable de vigilar y supervisar la Red de Prestadores: profesionales de la salud, red de farmacias, red de laboratorios y estudios diagnósticos, red de establecimientos de salud públicos y privados, así como la de supervisar la capacidad resolutiva por nivel de atención del Sistema, siendo hoy su vocero el vice presidente de la República quien en violación a la Ley 84 01 decidió también no establecer la entrada al sistema por niveles de atención.
Además, la SISALRIL, debe capacitar los recursos humanos involucrados y difundir con objetividad los beneficios del Plan Básico de Salud y cómo acceder al mismo, lo cual no se ha realizado manteniendo desorientada la población.
Debe Exigir a las Administradoras de Riesgos de Salud el registro de las firmas de los médicos, odontólogos y otros prestadores, con la finalidad de evitar distorsiones y garantizar la supervisión y transparencia de los recursos financieros involucrados. No se han registrado dichas firmas.
No se ha definido el por ciento de los costos de administración de las ARS, lo que impide a SISALRIL dar seguimiento de la ejecución y el costo de las prestaciones del PBS.
SISALRIL no ha establecido el Plan Complementario de Salud. Además, otra función es arbitrar y conciliar cuando existen desacuerdos entre las ARS y las PSS. Esta función de SISALRIL ha sido suplantada por el gobierno central para justificar las deficiencias y distraer la atención del país traspasando la responsabilidad de los problemas de la entrada del Seguro Familiar de Salud a las Administradoras de Riesgos de Salud.
Pudiera pensarse que su estrategia es la eliminación de las mismas (ARS), para centralizar la administración de los recursos financieros, violando uno de lo principios de la Ley 87-01, que establece la Separación de Funciones, que entre otras cosas dice lo siguiente: quien administra no presta servicios y que quien regula y supervisa es el Estado Dominicano.
Todas las dificultades que se escenifican al entrar en vigencia el Seguro Familiar de Salud son, el producto de las distorsiones de la ley al negarse las actuales autoridades a implementarla como fue promulgada, mutilando sus principios básicos y al no priorizar su ejecución para beneficio de la población.
