POR MANUEL JIMÉNEZ
El presidente Leonel Fernández dijo ayer que es decisión de su gobierno erradicar todos los incentivos que faciliten la comisión de acciones dolosas contra el Estado, bajo el entendido de que la corrupción perjudica el desarrollo y el progreso de los pueblos.

Fernández habló en el acto en el que puso en vigencia el decreto puente 36-06 a través del cual promulgó el reglamento de aplicación de los sistemas de contratación pública de bienes, obras, servicios y concesiones que busca eliminar mecanismos de corrupción que han sido de uso tradicional en la administración pública.

En el acto, en el que también habló el presidente de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, José Joaquín Bidó Medina, estuvieron presentes el vicepresidente Rafael Alburquerque, otros altos funcionarios públicos, representantes de los organismos internacionales y de grupos de la sociedad civil que actúan en el plano nacional.

El decreto, que se denomina “puente” porque estará vigente hasta que el Congreso Nacional apruebe una ley sobre la materia, regula todas las operaciones de compras, asignación de contratos y asignaciones de obras por parte de los organismos del Estado, y prohíbe a las empresas vinculadas con los altos funcionarios públicos, legisladores, síndicos y jueces participar en los concursos públicos que se abren con tales fines.

Fernández, quien aclaró que era su deseo poner en vigencia el decreto en un acto solemne por la trascendencia que tiene la disposición, dijo que con esto  reafirma la voluntad y el compromiso que tiene su gobierno con la transparencia y en contra de la corrupción.

Dijo que este decreto puente establece algunos principios y valores universales como el de la transparencia, la equidad y la eficiencia en todo lo que tiene que ver con manejos de fondos públicos o transacciones financieras realizadas desde el ámbito del Estado.

“Lo que procura este decreto puente en esencia es erradicar los incentivos y elevar los costes que implicaría el llevar a cabo obras, realizaciones, concesiones etc que vayan en detrimento del Erario Público o del interés nacional”, planteó el presidente Fernández.

Insistió en que con este decreto se persigue colocar un freno, “una limitación a las posibilidades de poder incurrir en acciones dolosas que vayan en detrimento del interés nacional”. Recordó que desde el principio de su gestión creó la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción como “primera expresión inquebrantable de luchar contra la corrupción” en los ámbitos público y privado.

“Nosotros comprendemos en la actual gestión de gobierno que uno de los elementos fundamentales para alcanzar un desarrollo integral, sostenido de cualquier nación es el fortalecimiento institucional de un Estado democrático de derecho, dijo Fernández.

Sostuvo, asimismo, que no puede haber un Estado Democrático de Derecho donde hay una posibilidad de incurrir en acto doloso sin que existan mecanismos legales que los puedan prevenir y castigar.

“La corrupción es uno de los mayores impedimentos al desarrollo a escala planetaria y en la medida en que se pueda incurrir efectivamente en actos dolosos, en el fondo se le está robando al pueblo, se le está impidiendo que los pueblos tengan derecho no sólo a la libertad, sino también a la justicia social y a disfrutar de la riqueza que provéen”, dijo.

A la ceremonia, que se inició próximo al mediodía, asistieron los representantes en el país del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Moisés Pineda; del Banco Mundial y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), Elena Brineman; así como Javier Cabreja, de Participación Ciudadana; de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y de la Comisión de Reforma del Poder Judicial, Aura Celeste Fernández.

BIDO MEDINA

Bidó Medina, presidente de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, explicó que este decreto puente es el fruto de una serie de consultas del gobierno con organismos internacionales y grupos locales de la sociedad civil hasta tanto el Congreso Nacional apruebe una ley definitiva que regule la contratación de servicios públicos.

Dijo que lo que se busca es que se realicen operaciones en el Estado que impliquen una real transparencia

Bidó Medina dijo que se trata de un decreto “serio” que si no se puso en vigencia antes se debió al hecho de que al elaborarlo en la Unidad Técnica de la comisión que encabeza, con el auxilio de otras instituciones de la sociedad civil, no se tuvo en cuenta el compromiso que asumía el Estado con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

“Esperamos que este instrumento satisfaga las expectativas de la sociedad civil y que la esperanza del presidente de la República, que se ha preocupado por ello, se haga una realidad”, dijo Bidó Medina.