MADRID. AP.  El gobierno español manifestó ayer su “enorme preocupación” por la imputación judicial de la infanta Cristina de Borbón, hija de los reyes, y el daño que puede causar a la monarquía.    “Cualquier cosa que afecte a una institución que ha sido capital en la transición española (a la democracia) y que es capital para el prestigio de España en el exterior causa enorme preocupación en el gobierno”, dijo el canciller José Manuel García-Margallo.   

Cristina, de 47 años, acudió a trabajar como cada mañana a su puesto en la Fundación La Caixa en Barcelona un día después de que el juez la citase a declarar en calidad de imputada para aclarar su conocimiento del presunto escándalo de malversación de fondos públicos que afecta a su esposo Iñaki Urdangarín.   Aunque no hizo declaraciones, Mario Pascual Vives, abogado de Urdangarín, admitió que la infanta está preocupada.  

“He visto a ambos (el matrimonio) muy unidos contra la adversidad, de lo que pase ahora y pueda pasar en el futuro”, señaló Pascual Vives, quien también desveló que no representará legalmente a la hija de Juan Carlos y Sofía.   

El príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, heredero de la corona y hermano de la infanta, no se refirió directamente al caso.

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La primera vez

Es la primera vez que un familiar directo de Juan Carlos y Sofía es imputado judicialmente. Cristina, la mediana de los tres hijos de los reyes, es la séptima en la línea de sucesión al trono español y el caso supone un nuevo golpe a la imagen de la monarquía ante una sociedad golpeada por la recesión y el desempleo.    Cristina deberá comparecer el próximo 27 de abril en los juzgados de Palma de Mallorca.