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MADRID (AP) _ Fracasadas sus iniciativas de paz, el gobierno español dio un giro de 180 grados en sus estrategias y arrestó a 23 militantes de la cúpula del ala política de la ETA.
La policía asestó un duro golpe al proscripto partido separatista vasco Batasuna el jueves por la noche, en una compleja operación en la que rodeó un pueblo de la región vasca y detuvo a miembros del comité ejecutivo que realizaban una reunión clandestina.
Si bien Batasuna fue proscripto en el 2003, sus líderes no eran perseguidos activamente. A menudo realizaban conferencias de prensa y aparecían en actos públicos.
Decidido a poner fin al conflicto con los vascos, que ha desangrado a los españoles por varias décadas, el presidente del gobierno español José Luis Rodriguez Zapatero trató de usar a Batasuna para convencer a la ETA a que deje las armas.
El grupo vasco declaró un cese al fuego en marzo del 2006, pero las negociaciones que siguieron resultaron infructuosas y suspendió la tregua en diciembre, con el estallido de una potente bomba que mató a dos personas.
El gobierno retomó la ofensiva y ha detenido a decenas de supuestos militantes de la ETA. Ahora puso la mira en su aliados políticos.
Kepa Aulestia, ex militante de la ETA que critica hoy a esa organización y trabaja como analista político, dijo que al gobierno no le quedaba otra salida que aplicar medidas enérgicas.
«Yo creo que la intención del gobierno está clara en el sentido de debe demostrar que sea ETA la perdedora», declaró a la AP.
Batasuna no se ha hecho oir desde el fin de la tregua, lo que hace pensar que los elementos más radicales controlan la situación y estos arrestos seguramente aumentarán la confusión en las filas vascas, según Aulestia. Durante la tregua, los jueces y la policía se mostraron más tolerantes hacia los independentistas. Todo ello cambió tras la bomba de diciembre.
La problemática en torno a los vascos será seguramente uno de los temas centrales de las elecciones nacionales que tendrían lugar en marzo. La oposición conservadora ya está criticando a Rodríguez Zapatero por el fracaso de las conversaciones con la ETA, afirmando que la organización estaba moribunda y que, en la práctica, el gobierno le dio tiempo para reagruparse y resurgir.
Los arrestos del jueves fueron ordenados por el juez Baltasar Garzón, con el argumento de que la reunión en el poblado de Segura era ilegal, ya que Batasuna tiene prohibido realizar actividades formales. «Estas actividades no se pueden tolerar», expresó el fiscal general Cándido Conde Pumpido el viernes. «Si la policía las descubre, como hizo en Segura, es procedente que se les ordene intervenir».
