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El rey emérito de España, Juan Carlos, se encuentra en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) desde el pasado lunes. Archivo.
El Gobierno español se mostró ayer partidario de conocer por vía judicial el origen de la supuesta fortuna oculta del rey emérito Juan Carlos I, figura hasta hace poco intocable y del que la divulgación pública de crecientes problemas legales constituyen un auténtico hito.
“Este país necesita saber. Es un país transparente y que necesita seguir confiando en sus instituciones”, afirmó ayer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y apostó por la vía de las investigaciones judiciales ya en marcha.
La cuestión de las finanzas de Juan Carlos I ha resurgido con fuerza en las últimas semanas, pero se intensificó el domingo, cuando la Casa Real anunció que el rey Felipe VI había renunciado a la herencia que le pueda corresponder de su padre, a quien además se había retirado su asignación económica anual de casi 200,000 euros.
Esta decisión se tomó después de que un diario británico publicara que el actual monarca era el heredero de los fondos de una millonaria cuenta en un paraíso fiscal que tenía su padre, vinculada a donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí.
La Casa Real anunció que conoció esa disposición en febrero 2019 y lo comunicó a “las autoridades competentes”, y que en abril el monarca hizo declaración notarial para dejar claro que renunciaba en su nombre y de sus hijas a la herencia de su padre, especialmente si procedía de vehículos financieros sospechosos.
