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MADRID. AFP. El Gobierno español reiteró ayer que no negociará el desarme de la organización separatista vasca ETA, y que no reconoce a la comisión internacional que afirmó en la víspera que la banda estaba dispuesta a dialogar.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmó a la prensa que «la política del Gobierno en relación con ETA está muy clara, y además ahora la posición viene acompañada por el Congreso. Exigimos su disolución incondicional».
«El Gobierno ni ha negociado, ni negocia, ni negociará jamás con ETA», organización que anunció el pasado octubre su renuncia a la lucha armada, insistió el ministro.
El viernes, una comisión internacional que participó en el proceso de paz en Irlanda del Norte afirmó que estableció contactos directos con ETA, y que la organización está «dispuesta a dialogar» sobre su desarme.
«Los verificadores han intentado contactar con nosotros, pero nosotros no reconocemos ninguna legitimidad a esos verificadores. Con la Guardia Civil y la Policía tenemos suficientes verificadores para comprobar si ETA se disuelve o no», dijo a propósito el titular español de Interior.
La comisión efectuaba su tercera visita al País Vasco desde su creación en septiembre de 2011 para verificar la aplicación del alto el fuego anunciado por ETA en enero de ese año.
Madrid nunca ha reconocido a la Comisión Internacional de Verificación, de la que forman parte personalidades como el ex ministro sudafricano de los Servicios Secretos Ronnie Kasrils, el ex secretario general de Interpol Raymond Kendall o Chris Maccabe, que participó en el proceso de paz en Irlanda del Norte. El gobierno conservador de Mariano Rajoy anunció el 26 de abril un plan de reinserción de presos de ETA que acepten renunciar a la violencia.
El plan prevé que, en ciertos casos, se facilite el acercamiento de esos presos al País Vasco, lo que sin embargo, no será automático.
Ayer sábado, el colectivo de presos de ETA, que agrupa a unos 700, afirmó en respuesta a ese plan que está dispuesto a «dar pasos».
En un texto publicado en el diario vasco Gara, el colectivo EPPK advierte que «cualquier ‘programa’ que tenga como base el arrepentimiento-delación nace muerto y estéril. Sin embargo, abandonando las presiones y los chantajes, EPPK expresa su disposición a dar pasos».
El colectivo repitió además sus exigencias: «Hay que acabar con las situaciones de excepción y con la dispersión (…), garantizar todos los derechos y empezar a posibilitar la excarcelación de los presos en el marco de las condiciones democráticas».
El acercamiento de presos es una vieja reivindicación de las familias de prisioneros de ETA, que denuncian su alejamiento del País Vasco y su aislamiento en las cárceles de España y Francia.
El líder de la oposición socialista y ex ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba llamó al gabinete de Rajoy a «hacer todo lo posible para culminar esta tarea para que ETA deje de existir». «En esta tarea, es evidente que el PSOE va a estar con el Gobierno de Mariano Rajoy», añadió.
ETA, que asesinó a 829 personas en más de 40 años de lucha armada por la independencia del País Vasco, anunció el pasado octubre que renunciaba definitivamente a la violencia. El grupo se dijo luego dispuesto a negociar el desarme, pero pidió a cambio la liberación de sus alrededor de 700 presos.
