MADRID,(AFP) – El gobierno español revisará la política de gastos de las Comunidades Autónomas, particularmente en materia de educación y salud para reducir el déficit público, y este lunes llegó a barajar la eventual participación de las rentas más altas en estos servicios.

Ante la nueva crisis de confianza de los mercados y la inquietud de sus vecinos europeos, las autoridades de Madrid multiplican las declaraciones para asegurar que España cumplirá con sus objetivos de reducción del déficit público al 5,3% para 2012, contra el 4,4% previsto anteriormente.

«Es necesario hacer un país más fiable ante nuestros acreedores y ante los socios europeos», declaró el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en una entrevista publicada por el diario El Mundo. «Vamos a definir qué servicios públicos deben prestar en sanidad, educación o prestaciones sociales», adelantó.

Las Comunidades Autónomas «tienen que renunciar a gastar mucho de lo que están haciendo», agregó Montoro. Las comunidades autónomas «son responsables del gasto sanitario y en la educación.

Pero hay también que tener en consideración que por ejemplo en el caso de gastos sanitarios hemos acumulado deudas de más de 15.000 millones de euros y eso no se puede volver a producir», declaró por su parte el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la radio Cadena Ser. «Por tanto la reforma es imprescindible.

Hay que eliminar gastos improductivos. Hay que racionalizar cuestiones que no están funcionando bien para salvaguardar el sistema», añadió. Tras considerar que el sistema del copago, combatido por la oposición de izquierda, no es «la panacea» en absoluto, se refirió sin embargo a la posibilidad de hacer participar a los más ricos en los gastos sanitarios.

«Tenemos que abrir un debate entre la Administración central y las Comunidades Autónomas y pensar, por ejemplo, si tenemos que proveer los servicios sanitarios gratuitos por ejemplo a quien gane más de 100.000 euros», precisó. Sin embargo, los dos ministros no precisaron qué tiene pensado hacer el gobierno.

La sanidad y la educación son competencia de las Comunidades Autónomas, que cuentan con una amplia autonomía, surgida de la Constitución aprobada en 1978, después de la dictadura franquista.

 «Nadie está planteando una recentralización de los servicios, los seguirán ofreciendo las comunidades; lo que tenemos que ver es si la situación actual es sostenible, tenemos que sentarnos, abrir un debate y buscar soluciones», concluyó De Guindos.