El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que el Gobierno va a aprobar hoy un real decreto ley que reformará la Ley del AJD para que pague la banca el impuesto sobre actos jurídicos documentados que grava la concesión de hipotecas.

Mientras que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, consideró que la propuesta del Gobierno de reformar la ley para que los bancos asuman el impuesto hipotecario a partir de hoy está bien pero «no basta», y pide que los bancos «paguen lo que deben» a los ciudadanos de forma retroactiva.
El cambio en la medida tendrá un impacto en las cuentas del sector financiero de unos 640 millones de euros al año, aunque es más que probable que lo trasladen a los clientes, según cálculos de la agencia de calificación de riesgos Moody’s.
Tras la decisión de ayer del Tribunal Supremo de que se hagan cargo los ciudadanos de este tributo, Sánchez dijo que se hace esta modificación en aras de la seguridad jurídica.
Explicó que hoy el Consejo de Ministros aprobará un real decreto ley para introducir este cambio, para que «nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague la banca». Además, ha anunciado la propuesta de enviar a las Cortes Generales la creación de una Autoridad independiente para la protección ante potenciales abusos y resolver conflictos. «Trabajamos en garantizar un escenario previsible y estable en interés de todos los operadores implicados», ha declarado Sánchez. Al inicio de su comparecencia, el presidente ha indicado que el Gobierno respeta la labor y la independencia del Poder Judicial.
«Sin embargo, como Poder Ejecutivo no podemos lamentar la sentencia del pasado octubre», advirtió.
«Esta resolución no es positiva para las entidades ni para los jueces ni para los ciudadanos», ha añadido.
La oposición estaba demandando un cambio legislativo urgente. Por una parte, el Congreso está tramitando una reforma de la Ley Hipotecaria.
A mediados de noviembre, entrarán en el Congreso tres proyectos de ley de Hacienda, uno de lucha contra el fraude que reforma impuestos cedidos a las comunidades, el que crea la ‘tasa Google’ y el que establece la ‘tasa Tobin’.