El gobierno tendrá que hacer aprobar en el Congreso un presupuesto y ley de gastos públicos para el 2004 con un superávit que refleje un ahorro de 1.5% respecto del Producto Interno Bruto (PIB), entre otras condiciones ineludibles para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que se aprecia como única alternativa para la economía en estos momentos.

Forzadas a ceñirse a una reducción extrema de gastos e inversiones, las autoridades monetarias aspirarán a que cuando se reanuden las conversaciones con la misión del FMI, que se retiró a Estados Unidos tras la primera fase, haya alguna flexibilidad por parte del organismo. No queremos que se carguen más los ajustes al gobierno, comentó Julio Cross, superintendente de Bancos.

Cross, el gobernador del Banco Central, José Lois Malkun; el secretario de Finanzas, Rafael Calderón, y el secretario Técnico de la Presidencia, Carlos Despradel, se refirieron, en conversaciones con ejecutivos de la prensa nacional, a los Aavances importantes logrados en la primera parte de las negociaciones con una misión fondomonetarista, las que entraron en pausa hasta diciembre, probablemente para reanudarse el próximo lunes.

La reunión con los ejecutivos de la prensa local tuvo lugar en el Palacio Nacional

Dijeron, sin entrar en detalles, que la parte completada fue la de los cotejos y estudios de cifras sobre el comportamiento de la economía y que el gobierno está consciente de que la próximo fase es concebir un proyecto de presupuesto con un superávit equivalente a por lo menos 1.5% del PBI para compensar la situación deficitaria, cuasi fiscal, que se deriva para el Banco Central y el país por la emisión de certificados para enfrentar la quiebra de tres bancos y por el déficit del sector eléctrico originado básicamente en que la tarifa eléctrica actual no compensa los costos de la generación. Globalmente el déficit alcanzaría 4% del PBI.

ATenemos que llegar a un acuerdo, vamos a llegar a un acuerdo, aunque podríamos tener problemas para lograrlo, dijo el gobernador del Banco Central Lois Malkum.

El equipo económico, tras tener identificadas las posibles reducciones que lucen factibles en materia de gastos corrientes y de capital, más la posibilidad de que el Congreso apruebe nuevos gravámenes a importaciones y exportaciones, revela que queda todavía una brecha de RD$6,200 millones que habría que cerrar, para lo que, aparentemente, el gobierno no tiene respuesta todavía.

Entre las condiciones concretas para que el Fondo acepte una carta de intenciones dominicana está lograr la consagración por ley de gravámenes de 2% adicional a las importaciones y de 5% a las exportaciones.

El Equipo Económico entiende que los contribuyentes en verdad no resisten más impuestos ni el Estado mayor reducción de gastos, pues la economía en sentido general y como resultado de los problemas financieros y monetarios, se ha reducido en 35% del PBI, lo que se manifiesta en disminuciones de la producción y de las importaciones.

A fin de hacer innecesario un mayor constreñimiento presupuestal y una intensificación de la presión tributaria, las autoridades monetarias confían en la obtención de ingresos que ascenderían a RD$10,000 millones ó RD$12,000 millones a través de la venta de activos Aque no tendrían nada que ver con el Baninter (Banco Intercontinental), dijeron.

No identificaron los bienes o acciones estatales que el gobierno se propondría, en los próximos meses, traspasar al sector privado, en un paquete de medidas llamadas a satisfacer los requisitos del FMI.

Otra meta ineludible del FMI es que República Dominicana sea dotada de una ley de emergencia financiera por la que ha propugnado el Banco Central.

Para el gobierno B dieron a entender – es una meta sumamente difícil regirse por un presupuesto muy reducido, en un año en que deberá aumentar los sueldos públicos, asumir los costos del inicio de la seguridad social, solventar los gastos de un año electoral y efectuar amortizaciones extraordinarias en el pago de la deuda externa.

Los funcionarios afirmaron que el gobierno no está sometido a un exceso de gastos y que el déficit fiscal con relación al PBI ha sido, en los últimos años, de 2% cuando el límite que los países europeos se aceptan es de hasta 3% del Producto interno.

Consideraron atípicas las negociaciones con el Fondo ya que normalmente los países que buscan acuerdos con ese organismo presentan déficit de balanza de pagos, lo que no ocurre con República Dominicana, donde los problemas arrancan con el financiamiento a los bancos en problemas, cuyos agujeros fueron cubiertos con certificados de depósitos que representan una carga para el Banco Central.

El gabinete económico dijo que el resultado inmediato del acuerdo que se propone firmar el gobierno con el FMI sería un desembolso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$150 millones y otro de US$100 millones del Banco Mundial que se podría utilizar para diversos fines. Los funcionarios dijeron tener la seguridad de que tras el acuerdo con el FMI comenzaría a reducirse la prima del dólar.

Para el secretario de Finanzas, la actual suspensión del acuerdo con el FMI no puede considerarse una ruptura, pues de lo que se trata es de revisar metas, a partir de la compra de las acciones de la Unión Fenosa en las compañías distribuidoras de electricidad del Sur y del Norte.

Y sobre la tendencia alcista de la divisa, reconoció que los incrementos son también un factor de dificultad para lograr un entendimiento con el FMI pues obligan a actualizar cifras.