El Gobierno estableció mediante el decreto 268-16 , medida para garantizar el aprovechamiento racional y sostenible de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

La disposición permitirá destinar los terrenos a proyectos estatales que beneficien a la población dominicana.

El decreto dictado hoy, tiene por objeto inventariar los terrenos propiedad de los ingenios azucareros del Estado. Igualmente, auditar las operaciones inmobiliarias del CEA y hacer eficientes los actos de levantamientos parcelarios.

Además, el presidente Danilo Medina, creó una comisión evaluadora de los terrenos a nombre de los ingenios del CEA.

Dicha comisión estará conformada por el ministro sin cartera,  Bautista Rojas Gómez quien la presidirá.Del mismo modo, por los directores del CEA y del Catastro Nacional, así como el Contralor General de la República y el director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado también forma parte de la comisión.

Dicha comisión deberá rendir un informe en un plazo de un año. Además, realizará el inventario con información sobre el uso de los terrenos.

En el inventario estará determinado si los terrenos están destinados a la explotación azucarera, agrícola. Asimismo, agroindustrial o ganadera.También debe contener información sobre las operaciones inmobiliarias realizadas con los terrenos.

Explicar, además, si los terrenos han sido asignados, cedidos en usufructo, permutados, donados o vendidos. Igualmente si han sido ocupados por personas físicas o jurídicas.

Debe tener datos relativos a la modalidad o condición en que se han realizado cada una de estas operaciones.

Por otro lado, el decreto dispone que a partir de la fecha quedan prohibidas todas las operaciones inmobiliarias de asignación. Del mismo modo, la venta, cesión en usufructo y permuta.

También quedan prohibidas la donación o cualquier otra operación inmobiliaria de terrenos propiedad del CEA.

Para realizar cualquiera de estas acciones, se deberá contar con autorización expresa previa del Poder Ejecutivo.

Se instruye a la Contraloría General de la República a auditar el inventario de los terrenos.

Esa entidad también deberá auditar las asignaciones, cesiones en usufructo, arrendamiento, permutas y donaciones.

Proceder, de igual manera, con las ventas, temporales o definitivas de los terrenos del CEA en el período 2000-2016.