WASHINGTON (EFE).- El Gobierno de EEUU reiteró ayer su oposición a un proyecto de ley que protege a los periodistas de la obligación de identificar las fuentes confidenciales de su información. Según el subsecretario de Justicia, James Comey, la legislación crearía «obstáculos graves» para hacer cumplir la ley y luchar contra el terrorismo.

Comey presentó una declaración escrita ante el Comité Judicial del Senado después de que la periodista del «The New York Times», Judith Miller, fuera encarcelada por no identificar a sus fuentes en las investigaciones sobre la revelación de la identidad de Valerie Plame, una agente de la Agencia Central de Inteligencia de EEUU (CIA).

Matthew Cooper, de la revista «Time» eludió la posibilidad de ir a la cárcel después de que su fuente le autorizara a rendir testimonio.

En EEUU es un delito revelar la identidad de un espía, lo que ha hecho que se abriese una investigación para determinar si se cometió un delito.

El subsecretario de Justicia indicó que las versiones del proyecto en el Senado y la Cámara de Representantes constituyen «una mala política».

En ambos casos proponen que las autoridades agoten todas las vías de investigación antes de obligar a que los periodistas rindan testimonio o entreguen documentos, excepto en casos de seguridad nacional.

En la actualidad 31 de los 50 estados del país tienen leyes que protegen la confidencialidad de las fuentes.

Sin embargo, Comey señaló que en esos estados no existe el tipo de información del Gobierno federal y «ninguno de ellos tiene la tarea de defender a la nación o de dirigir su diplomacia internacional».

La ausencia de Comey fue criticada por la senadora demócrata Dianne Feinstein, quien pidió otra audiencia en la que el funcionario debería comparecer personalmente debido a su «fuerte» oposición al proyecto de ley.

Fuentes del Departamento de Justicia dijeron que Comey no concurrió ante el comité debido a que tuvo que sustituir al secretario de Justicia, Alberto Gonzales, en una reunión con legisladores republicanos.

El lunes pasado el presidente estadounidense, George W. Bush, reiteró que quien haya revelado en su gobierno la identidad de la agente no será despedido.

«Si alguien cometió un delito no seguirá trabajando para mi gobierno», aseguró Bush.

Fueron las primeras declaraciones de Bush sobre el caso desde que se reveló que su principal asesor político, Karl Rove, habría hablado con varios periodistas sobre la identidad de la agente.