PHOENIX

 AP. El Departamento de Justicia federal presentó ayer una demanda para impugnar la constitucionalidad de una nueva ley de Arizona que criminaliza a los inmigrantes indocumentados.

La querella presentada ante el Tribunal de Distrito en Phoenix sostiene que la nueva legislación de Arizona usurpa la autoridad federal. La ley, que está por entrar en vigencia a fines de este mes, prevé que policías locales y estatales interroguen e incluso arresten indocumentados durante la aplicación de otras leyes, como por ejemplo revisiones de tránsito.

«En nuestro sistema constitucional, el gobierno federal tiene la autoridad preeminente para regular los asuntos de la inmigración», expone la querella. «Esta autoridad deriva de la Constitución de Estados Unidos y de numerosas leyes del Congreso. Las leyes sobre la inmigración en el país reflejan un cuidadoso y meditado equilibrio de las leyes nacionales, las relaciones internacionales y los intereses humanitarios».

El gobierno intenta conseguir un mandato judicial para demorar la entrada en vigencia de la ley el 29 de julio hasta que el caso sea resuelto. En última instancia, desea la anulación de esa legislación.

El gobierno argumenta que la ley de Arizona viola la cláusula de supremacía de la Constitución, una teoría legal que plantea el dominio de las leyes federales sobre las estatales. La ley federal estipula como ilegal la permanencia en el país sin documentos, pero Arizona es el primer estado que penaliza esa situación como delito estatal, y además impone castigos y métodos propios.

El vocero de la gobernadora Jan Brewer dijo que la demanda es «una decisión terriblemente mala».

«Obviamente, Arizona tiene una terrible crisis de seguridad fronteriza que necesita atenderse, por lo que la gobernadora Brewer ha dicho en repetidas ocasiones que hubiera preferido que los recursos y la atención del gobierno federal se hubieran enfocado en la crisis más que en esto», expresó el portavoz Paul Senseman.

El senador estatal Russell Pearce, el principal promotor de la iniciativa auspiciada por decenas de legisladores también republicanos, dijo que la demanda es un «absoluto insulto al estado de derecho», así como a Arizona y su población.

Por su parte, el gobierno de México expresó a través de su ministerio de Relaciones Exteriores su beneplácito por la impugnación presentada por el gobierno federal. En un comunicado, la cancillería señaló que respeta el derecho de cada país a adoptar sus leyes, aunque consideró que «cuando una medida como la SB 1070 (cifra con que está catalogada la ley) afecta potencialmente los derechos civiles y humanos de miles de mexicanos, el gobierno de México tiene la obligación de proteger los derechos y la dignidad de sus nacionales».

México participa en una de las demandas presentadas por organizaciones civiles contra la ley en Arizona. El anuncio sobre la demanda federal fue hecho el mismo día que una encuesta de USA Today/Gallup indicó que los estadounidenses están divididos sobre si el gobierno debe enfocarse en detener el flujo de inmigrantes indocumentados (50% de los encuestados), o si debe desarrollar un plan para ver qué hacer con los que ya están en el país (45. El sondeo realizado el mes pasado señala que el 62% de los estadounidenses es más propenso a creer que los indocumentados son una carga para el estado, mientras que el 32% cree que estos inmigrantes cumplen con sus responsabilidades impositivas.

En general, sin embargo, el 64% de los encuestados calificó el tema de la inmigración ilegal como «extremadamente serio» o «muy serio», sólo debajo de asuntos como la deuda federal, el terrorismo, los costos de salud y el desempleo.

La medida adoptada ayer era esperada desde hace varias semanas. El presidente Barack Obama ha tachado de equivocada a la legislación. Los simpatizantes de ésta dicen que es una reacción razonable ante la inacción federal frente a la inmigración indocumentada.

Tamar Jacoby, presidente de la organización activista ImmigrationWorks, opinó que aunque la ley de Arizona es «una abominación», la demanda presentada el martes por el gobierno federal es una «jugada peligrosa» que podría terminar haciendo más daño que bien.

«El país ya está dividido en dos sobre la ley de Arizona, tanto que ambos lados no pueden escucharse ni entenderse, y la demanda del gobierno sólo atizará las llamas del debate», dijo Jacoby en un comunicado.

«Sólo el gobierno federal puede arreglar lo que está mal con la inmigración, pero no con una demanda. Lo que se necesita es una reestructuración balanceada, bipartidista que esté respaldada por un consenso nacional. El gobierno debería enfocarse en desarrollar un consenso migratorio, no en exacerbar una división creciente ni eliminar las posibilidades de un acuerdo negociado», agregó.

Empero, otros activistas vieron la intervención federal con buenos ojos.

«Vemos la demanda hacia Arizona como un importante primer paso de nuestro país rumbo a la lucha permanente contra el racismo y la intolerancia», afirmó Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, con sede en Los Angeles.

«Hoy el gobierno federal reafirma su derechos a hacer cumplir, aplicar y defender las leyes federales», agregó.

Harán protesta contra nueva ley

BOSTON.  AP.  Defensores de los inmigrantes planean realizar protestas contra la gobernadora de Arizona Jan Brewer durante la visita que ella realizará a Boston este fin de semana para asistir a la reunión de la Asociación Nacional de Gobernadores.

La Coalición ANSWER, con sede en Washington DC y otros grupos, están repartiendo panfletos, enviando mensajes electrónicos y realizando preparativos para traer participantes en autobuses a fin de que expresen su oposición a la controversial ley de Arizona contra los inmigrantes sin documentos, firmada recientemente por Brewer. La ley, que deberá entrar en vigencia el 29 de julio, requiere que la policía interrogue a personas sobre su estatus de inmigración cuando los detenga por otra causa y existan sospechas razonables de que están ilegalmente.