El Mirex es que más tiene con 43 y en el Mived está el exgobernador del Banco Central José Lois Malkún como asesor pese a estar pensionado

Del presupuesto de este año 2023, el Gobierno gasta más de 72 millones de pesos mensuales en sueldos para “asesores”, según estima una investigación del programa “Toda La Verdad” que conduce la periodista Odalis Castillo.

El reportaje, emitido por VTV Canal 32, pone en evidencia que hay entidades gubernamentales que cuentan con más de cuarenta asesores en su nómina, algunos percibiendo salarios que superan los RD$200,000 mil pesos mensuales. Incluso que hay instituciones pequeñas con este tipo de personal contratado.

La periodista Odalis Castillo revisó las nóminas de diversas instituciones estatales, identificando un total de 558 asesores cuyos salarios suman más de 72 millones de pesos mensuales, lo que se traduce en aproximadamente 864 millones de pesos al año.

La institución que más recursos gasta para pagar a sus asesores es el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) con 7.3 millones cada mes. Esta entidad tiene 43 asesores en su nómina de personal fijo.

Luego está el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena) con donde se paga 3.4 millones mensuales a 24 asesores. En tercer lugar está el Ministerio de Energía y Minas con 2.9 millones.

Caso Mived

Los montos resaltados corresponden a los asesores que aparecen en las nóminas de personal fijo de las instituciones.

Sin embargo, aparecen casos de entidades que cuenta con esa cargo en la nómina de contratados. Tal es el caso el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived) que tiene 8 asesores de forma fija y 14 como contratados a los cuales se les paga 3.8 millones cada mes, lo equivale a 46.8 millones al año. Los salarios oscilan entre 45,000 hasta 240,000 pesos.

El reportaje destaca que uno de los asesores del Mived es José Lois Malkún que aparece en la nómina con 200,000, a pesar de estar jubilado con una pensión de 400,000 por haber sido gobernador del Banco Central por un año.

Asistentes

Como caso llamativo el reportaje destaca que el caso del Ministerio de Cultura que tiene 19 asesores y hasta asistentes de asesores.

Se reseña que el Ministerio de Trabajo, donde figuran 9 asesores, algunos están asignados a departamentos hasta de Atención Ciudadana y de Correspondencia y Archivo, con sueldos desde 80 mil pesos a 145 mil pesos mensuales.

Otro caso que llamó la atención, fue el Ministerio de la Juventud, que aunque tiene 6 asesores con sueldos que van desde los 60 mil pesos a los 130 mil pesos mensuales para un total al mes de 540 mil pesos, hay uno de los asesores que está en el área de servicios generales.

Mala práctica

En el reportaje la coordinadora de Participación Ciudadana, Lizzie Sánchez Padilla, plantea que los cargos de asesores se usan para pagar servicios de campaña electoral o para premiar a personas que no tienen donde nombrarlos.

Dijo que esas personas no cumplen horario ni cumplen con un plan de trabajo que justifique sus pagos.
Deploró que la Controloría o la Cámara de Cuentas no supervisen los gastos de nóminas de las entidades del gobierno.

El tema también lo comentó Trabajo Vidal Pontentini, coordinador de la Fundación Justicia y Transparencia, quien calificó de perturbador el hallazgo de la investigación periodística.

Indicó que se trata de algo inaceptable la existencia de asesores con altos salarios en instituciones que por su naturaleza, no tienen necesidad de contratarlos. Dijo que la contratación de personal en el Estado se ha politizado, y se paga a personas sin perfil adecuado.

Regulación

En el reportaje se cuestiona que la contratación de asesores debe regularse en el país, poniendo tope para la cantidad de contratados según la institución y estandarizar los sueldos de los mismos, al igual que definir los perfiles de los asesores, según la necesidad técnica especializada.

Analiza que pese a que la Ley de Función Pública (41-08) se contempla la figura del asesor, esta legislación establece que esos puestos deben estar avalados previamente por el Ministerio de Administración Pública (MAP) y contratados de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias.

Sin embargo, la ley es ambigua porque no indica límites para la cantidad a contratarse.