POR ODALIS MEJIA
El gobierno dominicano presentó una demanda formal contra la empresa AES Corporation en el tribunal federal del distrito Norte del Estado de Virginia,  por el depósito de 59,000 toneladas de rockash en las costas de Samaná y Monte Cristi, provenientes de la planta termoeléctrica de AES en Guayama, Puerto Rico.

La demanda plantea una indemnización de un mínimo de US$80,000,000, por  daños y perjuicios a la soberanía dominicana, el medio ambiente, la economía, la salud y el bienestar de las poblaciones de  ambas provincias, así como para cubrir los gastos de retiro del material.

En el proceso contra la AES Corporation,  el Estado dominicano está representado por la oficina de abogados Bart S. Fisher.

La parte acusatoria sostiene  que la planta AES, en Puerto Rico, produce unas 1,000 toneladas de cenizas de su termoeléctrica y que durante el 2002 y el  2004 se iniciaron los preparativos para conducir los depósitos en costas dominicanas, a sabiendas de que si lo hacían dentro del territorio aduanal de los Estados Unidos hubiera costado US$25 por tonelada, por lo que buscó reducir este costo al mínimo de hasta US$4.

Añade que para esto llevó la ceniza a países donde se pudieron evadir leyes y reglamentos de protección al medio ambiente y que antes de afectar a la República Dominicana tiró rockash en una bahía de Haití, en una zona próxima a Manzanillo y en Ocean Cay, en Las Bahamas.

 Sostiene que como parte de este plan,  AES creó una serie de empresas fantasmas incorporadas en Isla Caimán y en otras jurisdicciones “off-shore”, las  que después fueron utilizadas para controlar a otras entidades y agentes y así distanciarse de toda responsabilidad y consecuencias de sus acciones.

“La denuncia legal que hoy (jueves) se inició afirma que estos arreglos constituyen una conspiración fraudulenta a través de la cual AES enviaba sus cenizas por el Caribe, buscando el país más adecuado para tirarlas al menor costo”, expresa la parte acusadora.

Señala que el Estado dominicano, a través de sus representantes, pretende demostrar que agentes o contratistas de AES “recurrieron a sobornos, intentos de soborno, amenazas de muerte y asalto físico,  para eliminar la oposición a la llegada de la ceniza a las costas dominicanas”.

Asegura que demostrarán con evidencias y testigos que funcionarios del más alto nivel de AES Corporation en Virginia, entre los que se destacan Sarah Slusser, Aaton Samson y Edwar Hall, “conspiraron y ordenaron la formación de empresas AES Atlantis, AES Aggregate Services y AES Ocean Cay, con el fin de deshacerse de la ceniza bajo premisas falsas y fraudulentas”.

DAÑOS

Entre los daños a la salud que produjo el rockash en la República Dominicana, los que se citan para el sometimiento judicial,  están lesiones en la piel, problemas respiratorios entre ancianos, niños, incluso, con algunas muertes, especialmente entre  obreros que trabajaron en la descarga sin la protección adecuada.

En tanto, como daño económico, la acusación señala el descalabro turístico y del comercio de la pesca en las comunidades donde fue depositado el material tóxico, especialmente en la zona marítima de  Samaná, escogida para el apareamiento por las ballenas jorobadas que llegan cada año.

Además, que el daño al medio ambiente ha sido tal que biólogos marinos y operadores turísticos  están preocupados, ya que en esta temporada de ballenas, posiblemente como una reacción a las características del agua contaminada, se han mantenido alejadas de la zona que usualmente ocupan, lo que ha conllevado a una emergencia ecológica y en cuanto a Manzanillo, la demanda sostiene que el manglar está muerto.

En la demanda se señala que la administración del presidente Leonel Fernández  ha trabajado con empeño, diligencia y apego a las leyes para llevar a la justicia a los responsables de estos actos, tras destacar el sometimiento judicial de funcionarios del gobierno pasado y del señor Roger Charles Fina, a quien identifican como uno de los agentes contratados por AES, y las empresas que están directamente involucradas en este asunto como son Trans Dominicana, Multigestiones Valenza y Silverspot Enterprises.

Afirma que los sometidos a la justicia no cuentan con los recursos ni la capacidad para remover  la ceniza, restaurar los lugares donde fue depositada y compensar a las comunidades y a los individuos que han sufrido, por lo que la responsabilidad de remediar los daños la tiene la empresa AES.

“Al tomar la decisión de llevar este asunto al tribunal federal de los Estados Unidos, afirma el documento de la oficina Bart Fisher, en cuya jurisdicción se encuentra la sede de AES, el gobierno dominicano está tomando un paso sin precedente en la historia, ya que en momentos de apertura comercial a empresas y corporaciones que buscan maximizar utilidades y minimizar costos, no se le pueden eludir las obligaciones de su país, incluyendo reglamentos y leyes que buscan proteger el medio ambiente”.

Sostiene que tampoco se les podrá permitir exportar actividad criminal, corrupta o ecológicamente dañina a otros países.

“Así, al tomar esta acción, el gobierno de la República Dominicana busca salvaguardar la integridad y la soberanía nacional, ahora y en el futuro, de las depredaciones de empresas como AES”, sostiene la demanda.

El pasado viernes 17 venció el plazo otorgado por el gobierno, mediante intimación a la empresa AES, para que asumiera reparaciones económicas por daños y perjuicios ocasionados por el depósito de rockash y para que cubriera los costos del retiro del material tóxico del país.

Al no responder la petición, el Estado dominicano decidió someter a la empresa bajo el alegato de violación a las leyes federales de los Estados Unidos que establece la responsabilidad en la disposición final de materiales tóxicos del emisor.