El director ejecutivo de Casa Abierta, Juan Radhamés de la Rosa Hidalgo, se quejó ayer de que las instituciones sociales que acompañan a la sociedad en la prevención y el tratamiento contra las drogas atraviesan por una profunda crisis financiera porque desde hace más de un año el Gobierno no les entrega el 15% de los recursos provenientes de los bienes decomisados en casos de drogas, tal como establece la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
“Es una realidad muy triste, que contrasta con los alardes de éxito contra el tráfico ilegal de drogas, expresado en frecuentes incautaciones y decomisos millonarios, como recogen los medios de comunicación”, dijo De la Rosa.
Tras quejarse de la aparente indiferencia de las autoridades, De loa Rosa señaló que la realidad debería ser otra porque el Estado ha descargado en sus instituciones la resposabilidad que tiene en esa materia.
“Para la mayoría de las organizaciones reconocidas por las autoridades estos recursos constituyen el único apoyo estatal, para una labor altruista que casi solo realizan nuestras instituciones. Esta indiferencia está generando consecuencias internas que sin dudas pueden tener repercusiones en la sociedad. El abandono de los programas es una de las consecuencias indeseables de la falta de recursos”.
Cambio de política. Las declaraciones de De la Rosa se produjeron con motivo del “Día Internacional de la Lucha contra el uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas”, que se conmemora cada 26 de junio.
La conmemoración, que fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1987, tiene este año como tema: “salud para la justicia, justicia para la salud”, como dos caras de la misma moneda para abordar los problemas de las drogas.
“En nuestro país esto solo sirve para poner en evidencia que como nación continuamos atrapados en el pasado. Que sigue aplicándose una política pública basada en discriminaciones, estereotipos y violaciones de derechos”.
De la Rosa lamentó que las autoridades niegan a la sociedad el acceso a medicamentos de probada eficacia solo porque se extraen del cannabis, o la marihuana.
“Por muchos años hemos planteado que este problema no tiene solución solo con medidas represivas, muchas veces anuladas por la corrupción. Que es necesario avanzar hacia una política integral, donde la reducción de la demanda sea la prioridad”.
Para ello, De la Rosa propone que se modifique la política de drogas, que está basada en la Ley 50-88, porque no ha dado resultados en la reducción de oferta y mucho menos en la reducción de demandas.
La nueva política, sostiene, tiene que ir acorde a la de sociedades que han modificado sus legislaciones para abandonar la perspectiva represiva, es decir, que han despenalizado el consumo de las drogas.
“Son naciones tan emblemáticas como Portugal, que han visto descender todos los indicadores negativos (violencia, delincuencia, encarcelamientos, demanda de drogas…) porque han pasado a políticas más humanas, centradas en las personas, respetuosas de los derechos y desarrollando estrategias integrales teniendo como horizonte principal la salud”.
Pide un cambio
De La Rosa dijo que reiteran el compromiso de acompañar a las familias y las personas que sufren. “La fecha también es propicia para demandar a las autoridades la atención que nuestra labor reclama. Es oportuno también insistir en abandonar una política represiva peor que las drogas. Debemos diseñar una política de drogas usando los mejores criterios. Asumiendo las buenas prácticas de la perspectiva ‘salud para la justicia, justicia para la salud, las dos caras de la misma moneda para abordar los problemas de las drogas’, con posibilidades de éxito”, sostuvo.