POR MANUEL JIMÉNEZ
La Secretaría de Economía, Planificación y Desarrollo insistió ayer en rechazar que el gobierno incurra en una voracidad fiscal y sostuvo que quienes han acuñado este término fueron quienes, obteniendo ganancias sin precedentes del Estado, sugirieron en el 2004 elevar los impuestos a la población muy por encima de los niveles actuales.

La dependencia estatal, en un comunicado que publica en espacio pagado en la prensa matutina, se refiere concretamente a la Fundación Economía y Desarrollo de los economistas Andy Dahuajre y Jaime Aristy Escuder, institución que habría cobrado en el 2004 al gobierno de Hipólito Mejía, la suma de US$500,000 (RD$24.0 millones a la tasa de cambio vigente entonces) para elaborar una propuesta de reforma tributaria.

Esa propuesta, cuyo texto fue entregado a las autoridades actuales en el periodo de transición, pero que fue desestimada, sugería elevar la presión tributaria del país a un 19.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), muy por encima de los niveles vigentes en este 2007, dice.

En cambio, destaca, que entre el 2005 y el 2006 la presión tributaria fue de un 17 por ciento del PIB y la cifra esperada para este 2007 es de 17.8 por ciento, incluyendo los ingresos extraordinarios  por la venta de Verizon, equivalente casi al 0.5 por ciento del PIB.

Agrega que con una presión tributaria inferior a la sugerida por la Fundación Economía y Desarrollo en el 2004, el gobierno ha decidido bajar impuestos con un sacrificio fiscal considerable, incluyendo la disminución del impuesto sobre la renta, la eliminación del impuesto a la placa y de otros gravámenes menores.

La propuesta de la Fundación, agrega el comunicado, coincidió en tiempo y espacio con otra hecha a la entonces Secretaría de Finanzas por el profesor de la Universidad de Harvard, doctor Glenn Jenkins, a quien define como una autoridad mundial en materia de reforma fiscal, a un costo sumamente inferior, unos US$35,000.

Destaca que “la diferencia de contenido, sustancia y profundidad técnica entre ambos estudios es, hasta cierto punto cómica, pues mientras el estudio del profesor Jenkins cumplió los estándares más rigurosos de profesionalidad, seriedad académica e intelectual, el otro se limitó a presentar una serie de gráficas y comparaciones obsoletas con otros países, incluso, algunas de ellas se referían al año 1990.”

Al destacar el cobro de RD$24 millones para realizar un estudio de reforma fiscal, la Secretaria de Economía dice que “poniendo esto en el mismo lenguaje de los autores, a un empleado del gobierno que devenga un sueldo de RD$5,000 mensuales le tomaría casi 400 años de trabajo el poder alcanzar esta suma”.

“Pero aún si los consultores consideran dicha comparación injusta por la diferencia de capital humano entre ellos y un humilde empleado del gobierno, el gobierno pasado pudo haber financiado casi 15 trabajos del doctor Jenkins, quien ha sido consultor en más de 30 países en cuatro continentes diferentes”, sostiene el comunicado.