El ingeniero Antonio Almonte, director ejecutivo de la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consideró que el futuro del Pacto Eléctrico no depende solo de los planteamientos de reformas que tenga, sino de la voluntad del Poder Ejecutivo de ponerlos en práctica.

En tal sentido dijo que las actuaciones del Gobierno en el sector eléctrico no van en camino de agregarle transparencia a la gerencia, de sanear las empresas de distribución y eliminar instituciones superfluas como los consejos que solo agregan costo.
Expresó que el Gobierno está en una coyuntura positiva por la baja en los precios de los combustible, pero puso en duda que la aprovechará para transparentar el costo de la factura eléctrica, reducir la burocracia, el clientelismo y optimizar la distribución.

“El Pacto Eléctrico podría arribar en un documento bien completo, pero siempre habrá la duda de que el Gobierno va a cumplir con lo que ahí se firme”, dijo.
Almonte afirmó que el PRM no se ha vuelto a integrar a las discusiones del Pacto Eléctrico porque el Gobierno quiere tener control absoluto del sector eléctrico, no va en la dirección se ser transparente y de cumplir las aspiraciones de lo que allí se discute.

Puso de ejemplo como mientras se llevaba a cabo el diálogo el Gobierno fue capaz de firmar en secreto un contrato para una planta de generación, que luego echó para atrás.

O sea, apuntó Almonte, que paralelo a las discusiones, el Poder Ejecutivo no estaba cumpliendo la ley en cuanto a hacer licitaciones para los contratos que sustituiría los vencidos en el Acuerdo de Madrid.

Y es extremadamente relevante porque Jiménez Bichara se ha quedado en comparar los precios en los contratos de Madrid y el mercado ‘spot’, que había una diferencia en términos promedio de menos de un centavo del precio del kilovatios hora.

Licitación. De su lado el presidente de la comisión de Asuntos Energéticos del Senado, Juan Orlando Mercedes, advirtió ayer que para beneficio del sector y, de manera fundamental, para la población, el Pacto Eléctrico debe conducir a la contratación mediante licitación de generadoras de energía que garanticen aumentar la producción, bajar las pérdidas y reducir la tarifa eléctrica.

Por otro lado, Mercedes destacó que en todo caso el Pacto Eléctrico debe estar orientado por el consenso entre las fuerzas económicas, productivas y políticas.

Resaltó como fundamental la manera de cómo el Gobierno dirigirá la política energética dentro del plan a 20 y 30 años conforme a la contratación de las generadoras, para que el país tenga garantía del suministro de electricidad.
Tras recordar que los acuerdos de Madrid sobre generación ya vencieron, Mercedes alertó que “el Gobierno debe abocarse a nuevos acuerdos sobre la base de la licitación”.

Reunión. La tercera reunión de la tercera fase del pacto, que coordina el Consejo Económico y Social (CES), continuará mañana lunes a las 3:00 de la tarde en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), donde se analizarán los puntos pendientes del documento sobre el Pacto Nacional para la Reforma al Sector Eléctrico.