El Gobierno anunció hoy la suspensión de los contratos de decenas de empresas que mantienen relaciones contractuales con el Estado desde la pasada gestión, para el suministro al Ministerio de Obras Públicas de Cementos Asfáltico AC30, por considerarlos inequitativos, leoninos y en algunos casos ilegítimos.
La información fue ofrecida en rueda de prensa encabezada por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, con la participación del viceministro de Obras Públicas Roberto Herrera y el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
Los funcionarios no ofrecieron detalles sobre los nombres de las decenas de empresas con contratos irregulares con el Estado; si tenían vínculos con funcionarios de la gestión pasada o, en su defecto, si serían sometidas a la justicia por los hechos encontrados que derivaron en su desvinculación.
«Son decenas de empresas que han tenido relaciones contractuales con el Estado dominicano al margen de la Ley 340-06 (sobre Compras y Contrataciones), apoyada en una normativa derogada y utilizando la modalidad de adendas y adendas, para mantenerse en el negocio con el Estado dominicano para la venta de AC30», expuso Pimentel.
Sostuvo que es por eso que el Ministerio de Obras Públicas anuncia este martes que esos contratos no serán renovados y que por lo tanto las compañías tendrán que concursar en una licitación equitativa, en el marco de lo establecido en la ley. Pimentel tampoco especificó el monto envuelto en los contratos de las empresas.
«No tenemos el dato (monto) porque se debe calcular, no solamente los contratos que se han implementado en el país desde el 2013, sino que hay contrato incluso desde el 2005 y del 2013», expuso el director de Contrataciones Públicas.
Ante la insistencia de periodistas para que mencione nombres de las compañías, reiteró que no «memoriza» los nombres de las empresas, pero que lo importante es que no se continuarán adquiriendo AC30 bajo la modalidad que existe.
Expectativas. Periodistas que cubren la fuente de Palacio manifestaron su malestar por las expectativas generadas por las autoridades del Palacio, ante la información de que se proporcionaría al país informaciones de mayor relevancia que tocarían los temas que han ocupado la atención nacional, como es el caso de la ministra Kimberly Taveras Duarte, y otras.