El ministro de la Presidencia, César Pina Toribio, declaró ayer que el Gobierno está imposibilitado de cumplir con la Ley  163-03, que establece la entrega del 10% de los ingresos fiscales a los ayuntamientos. Alega que no tendría recursos para otras entidades.

Dijo que, sin embargo, todos los años se incrementan las partidas a los cabildos y se establecen fórmulas para desde el Poder Ejecutivo apoyar a los municipios, de conformidad con la disponibilidad de los ingresos.

Señaló que ese es un debate viejo, que se explica todos los años la imposibilidad de cumplir con esa fórmula establecida en la ley. “Es una ley que es de aplicación imposible, porque sería, entonces, disminuir las asignaciones de otras entidades públicas que también concurren a los servicios públicos y a favor de la ciudadanía”, dijo Pina Toribio.

Manifestó que lo que se impone es aplicar la racionalidad y el control, por parte de los municipios, de los recursos que administran y que rindan cuenta, porque hasta ahora no informan a nadie del uso del dinero que reciben.

El director ejecutivo de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Víctor José D’Aza, reveló a HOY, que en  los ocho años de vigencia de  la Ley 163-03 que obliga al Poder Ejecutivo a entregar el 10% de sus ingresos, los cabildos han dejado de recibir alrededor de RD$30,000 millones.

Acusa al PRD. En otra información, Pina Toribio  acusó al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de trabar el conocimiento del proyecto de ley que  busca crear la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

Consideró que ese tribunal puede  funcionar sin una ley orgánica, porque tiene mandato constitucional y puede crear su propio mecanismo de operatividad.

Sostuvo Pina Toribio que el tema de la edad que plantea el PRD  es algo muy claro, porque no hay ninguna razón para reclamar que no puedan ser designadas personas con 75 años  o más como miembros del Tribunal Constitucional. 

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No al límite  edad

Pina Toribio dijo que si la resistencia del PRD se fundamenta en  los 75 años como  límite de edad, entonces es una excusa para que el país no tenga un Tribunal Constitucional.

Respeto al derecho ajeno

Estimó que la única fórmula de consenso posible es la que respete el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos, sobre todo los de aptitud para  ingresar al Tribunal Constitucional, a no ser excluidos por una razón de edad.