El Gobierno no tiene la capacidad para atender a los que son afectados de manera directa e indirecta por la ampliación de la segunda línea del Metro, afirmó ayer el director de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Diandino Peña.

Explicó que no solo los choferes de la ruta 17 de la avenida Padre Castellanos, quienes paralizaron la vía el miércoles en reclamo a una compensación por la pérdida de clientes debido al funcionamiento del Metro II, son los únicos afectados.

“En cualquier país del mundo cuando se hace un metro se afecta a los choferes, a los negocios, las familias, porque realmente el precio de un proyecto como este, donde se prevé un desarrollo, tenemos que pagarlo todos, los contribuyentes hacen su aporte, pero los afectados tienen que entender que el Gobierno no tiene la capacidad para atender a los que realmente son afectados de manera directa e indirecta por un proyecto como este”.

Dijo que si se tuviera que resarcir a un afectado, tendrá que atender a todos y crear una jurisprudencia que impediría que esos proyectos se realicen.

Señaló que la Opret no puede dar respuesta a esos reclamos, “pero si el Gobierno decide por una razón u otra que hay que resarcir, nosotros hacemos lo que dice el Gobierno”.

Avance construcción. Manifestó que pese a la situación económica local, avanzan los trabajos del Metro. Señaló que hay más de un kilómetro del túnel ejecutado y el puente que cruza el río Ozama con los cimientos ejecutados. Afirmó que se construirá un puente atirantado de 280 metros sobre el citado río.