Por FIOR GIL Y JUAN MARÍA RAMÍREZ
El gobierno dominicano pagó una indemnización a dos niñas de ascendencia haitiana favorecidas con una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitida el 8 de septiembre del 2005, que acusó al Estado dominicano de haberlas discriminado al negarles actas de nacimiento.

El anuncio del pago, hecho por la Cancillería, sorprendió a la opinión pública,toda vez que el presidente Leonel Fernández había declarado en  Puerto Rico que su administración no pagaría la indemnización.

El departamento de comunicación de la cancillería informó que ésta entregó un cheque de US$8,000 a la niña que ya cumplió la mayoría de edad y US$6,000 a las madres de las menores para cubrir los gastos de los abogados. A la menor de edad le entregó un certificado por US$8,000 del que podrá disponer cuando alcance la mayoría de edad.

Con la entrega del cheque a las niñas, el gobierno da cumplimiento al dispositivo del punto resolutivo 9 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 8 de septiembre 2005, la cual dispuso que se pagara una indemnización para las niñas Yean y Bosico.

La nota de la cancillería dice que “se trata de cumplir con el deber que nos impone el hecho de ser miembros de pleno derecho de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Agrega que la Cancillería en ningún momento estuvo de acuerdo con la manera en que se condujo el juicio ni con la sentencia resultante y entiende que el proceso fue injusto y que se desconocieron las pruebas documentales y los alegatos de orden legal y real que presentaron los representantes de la República Dominicana ante la corte.

“Con esta indemnización el gobierno repara el supuesto perjuicio que se alega sufrieron las menores beneficiadas”. La demanda de las niñas Yean y Bosico surgió luego de que la Oficialía del Estado Civil no les otorgara actas de nacimiento por no cumplir con los requisitos del procedimiento de declaración tardía. Las madres de las niñas, Tiramen Bosico y Leonidas Oliven Yean, recibieron los cheques en un acto en la Cancilleria, en el cual estuvieron acompañadas por el representante David Baluarte, del Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL).

LA SENTENCIA

En septiembre del 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia que condenó a la República Dominicana al pago de una indemnización por un valor de 22 mil dólares en favor de las niñas Dilcia Jean y Villeta Bosico por haber sido discriminadas al no dárseles sus actas de nacimiento.

En esa oportunidad la Cancillería dijo que el gobierno dominicano “no promueve ni apoya actividades discriminatorias contra nacionales y extranjeros residentes en el país”, y precisó que las motivaciones que se usaron como base para la demanda “son inaceptables”.

De acuerdo con informaciones del Centro de Datos de este diario, la Cancillería demostró en el 2005 que la  República Dominicana aceptó de buena fe y con todas sus consecuencias la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer el caso independientemente de los resultados que pudiesen derivarse del juicio.

Posteriormente reconoció que la historia puso de relieve el desconocimiento que se hizo de las pruebas documentales y que  fueron soslayadas para dar validez injustamente a la documentación presentada por los demandantes, que según el gobierno dominicano carecían de objeto y eran “injustamente pretensiones infamantes”, porque las actas de nacimiento fueron entregadas a los peticionarios en el año 2001, no hubo discriminación ni conculcación del derecho a la educación y las niñas no perdieron ningún año escolar, ni en ningún momento fueron apátridas, lo cual fue demostrado por la representación del Estado Dominicano ante la Corte.

El litigio por la alegada negativa de dotar de actas de nacimientos a las dos menores data desde l997. En julio del 2003 la Comisión Interamericana, presentó la demanda contra la República Dominicana ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Durante el proceso la Corte Interamericana y los representantes de las niñas y el Estado presentaron sus argumentos por escritos y oralmente y la comisión escuchó declaraciones de los testigos durante una audiencia que se llevó a cabo el 14 y 15 de julio del 2003. El proceso culminó con la decisión vinculante e inapelable de la Corte Interamericana.   

REACCIONES

El Movimiento de Mujeres Dominico Haitiana (MUDHA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Universidad de Berkeley, felicitaron al Gobierno por haber pagado una indemnización de US$22,000 a las madres de dos niñas de ascendencia haitiana, en cumplimiento de la sentencia de la CIDH.

Sonia Pierre, de MUDHA, y David Baluarte, representante del CEJIL y la Universidad de Berkeley en el caso, aclararon, sin embargo, que el gobierno dominicano no ha cumplido con los demás puntos de la sentencia de la corte, entre los que citaron  la publicación de la sentencia en un medio de comunicación, así como haber pedido disculpas públicamente a las niñas afectadas y sus familiares.

Coincidieron en que lo más importante es que la sentencia de la CIDH es una respuesta a una violación sistemática de los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana, entre ellos uno de orden fundamentales como el de la nacionalidad.

Recordaron que la Corte ordena claramente al Estado dominicano reformar el registro civil para que no haya discriminación contra la población de ascendencia haitiana.

“En ese punto, que es el grueso de cumplimiento, el gobierno dominicano todavía no ha hecho nada, de todo modo felicitamos el hecho de que hayan reparado los daños materiales de las dos niñas y sus madres”, expresaron.

Señalaron que el daño causado es más profundo, ya que recoge todo lo que es el sufrimiento de un individuo, lo que ha sido muy profundo en el caso de las niñas mencionadas.

Explicaron que en aunque se trató de una litigio de dos niñas, la idea era tocar un tema de violación de los derechos humanos de manera sistemática en la República Dominicana.

Indicaron que entre 200 y 300 mil niños de ascendencias haitianas padecen de las mismas violaciones que las niñas que han sido indemnizadas, por lo que se requiere de reparar el registro civil en la nación.