SAN JUAN. EFE.  Más de 7,000 empleados públicos puertorriqueños terminarán su vínculo laboral con el Gobierno a partir del próximo mes de julio, anunció ayer  María Sánchez Brás, directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Sánchez Brás justificó la medida por el escaso éxito en la implantación de la Fase I y III de la Ley de Despidos Masivos (ley 7) del 9 de marzo de 2009, que incentiva a los empleados públicos a acogerse, a través de ayudas públicas, de forma voluntaria al plan del Ejecutivo.

La responsable gubernamental señaló que el ahorro generado hasta el momento con la implantación de la Fase I y III del plan asciende a 236 millones de dólares, muy lejos de la meta marcada por el Ejecutivo del anexionista Luis Fortuño de 2.000 millones de dólares.

Sánchez Brás resaltó, además, que en la actualidad el 70 por ciento de los gastos gubernamentales corresponden a nóminas de empleados estatales.

Por su parte, el secretario del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos, Miguel Romero, recordó que hasta el momento se hicieron efectivas un total de 2.480 renuncias voluntarias incentivadas.

Romero explicó que los despidos comenzarán por los empleados públicos de menor antigüedad y por los que fueron contratados por la pasada administración durante el último periodo, “de veda”, electoral.