POR MANUEL JIMENEZ
El gobierno dijo ayer que en el país se respetan los derechos de los niños y adolescentes y recomendó esperar los resultados de una investigación, ordenada a propósito de la expulsión del colegio Saint George de los hijos de un acusado de narcotráfico extraditado a Estados Unidos.

La posición gubernamental en torno al caso que envuelve a los hijos del ex capitán Quirino Paulino Castillo, procesado en una corte de Nueva York por tráfico de droga, fue expuesta por el portavoz gubernamental, Roberto Rodríguez Marchena.

El funcionario advirtió que en caso de comprobarse que esta decisión podría afectar el estado emocional y psicológico de estos niños, el Estado hará prevalecer lo que mandan la ley y los reglamentos que rigen esta materia.

«Ustedes pueden tener la plena seguridad de eso, de que el gobierno, en ningún momento se va apartar del cumplimiento de la ley, de lo que manda la ley, el Código de Protección a los menores y en sentido general, el derecho que tienen los niños a una educación, independientemente de que se trate de una empresa privada», dijo.

Rodríguez Marchena, hablando como cada mañana con los periodistas acreditados en el Palacio Nacional, recordó que la secretaria de Educación, Alejandrina Germán, ha designado una comisión investigadora.

Destacó que en los medios de prensa han publicado versiones contradictorias en torno al caso que envuelve a los tres hijos de Paulino Castillo, a quienes la dirección del Colegio Saint George supuestamente se reservó el derecho a readmitirlos como estudiantes.

No obstante, la madre de los niños, Diomaris Marmolejos, asegura que sus hijos fueron expulsados del colegio, un centro reservado a hijos de familias pudientes de la capital.

Paulino Castillo, ex capitán del ejército, fue arrestado el 18 de diciembre pasado y acusado de traficar con 1,387 kilos de cocaína que serían exportados a los Estados Unidos.

El 18 de febrero pasado, una corte penal de la Suprema Corte de Justicia autorizó su extradición a Nueva York, para ser jugado por trafico de cocaína y lavado de dinero.

Rodríguez Marchena dijo que tan pronto se conoció de la decisión del colegio Saint George y de la preocupación externada por diversos sectores de opinión pública, la Secretaría de Educación inmediatamente procedió a designar una comisión investigadora.

Explicó que esa comisión tiene por finalidad indagar en torno a las razones que alegan, tanto la dirección del colegio privado como la progenitora de los niños.

«El gobierno, naturalmente, entiende que hay que buscar la información», dijo Rodríguez Marchena, al destacar que en el día de ayer fluyeron informaciones contradictorias en torno al caso.

Aunque insistió en que habrá que esperar los resultados de la investigación ordenada, Rodríguez Marchena dijo que el gobierno reitera que los derechos de éstos o de cualquier otro niño, niña o adolescente tienen que ser preservados.

Indicó que el gobierno cumple con los compromisos internacionales y nacionales que ha asumido en materia de respeto a los derechos de los niños.

Los menores cursaban el kindergarden, primero y segundo año de primaria.

En otro orden de ideas, Rodríguez Marchena adelantó que el presidente Leonel Fernández, a su regreso al país, decidirá la posición oficial en torno al desmonte del subsidio al Gas Licuado de Petróleo.

Fernández viajó ayer a Boston desde Montreal, Canadá, para recibirá un Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Massachusetts. Estará de regreso al país el domingo.