El Gobierno rechazó anoche la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que declaró culpable al Estado por la presunta violación de derechos en deportaciones a Haití entre 1999 y 2000, tras calificarla de inaceptable, extemporánea, sesgada e inoportuna.

La posición del Poder Ejecutivo, en la que se reivindica el derecho que tiene como Estado soberano de determinar quiénes son sus nacionales, fue dada a conocer por el director general de Comunicación de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena.

“El Gobierno de la República Dominicana rechaza la sentencia del 28 de agosto de 2014, Serie C, número 282 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, expresó al leer un documento en el salón Orlando Martínez, del Palacio Nacional.

El Gobierno precisa que sin que haya espacio a dudas, manifiesta su adhesión al artículo 1 del Convenio de La Haya, de 1930, que faculta a cada Estado para regular y determinar, de acuerdo con su legislación, quiénes son sus nacionales. “Este principio, pilar del derecho internacional, es innegociable para el Estado dominicano”, sustenta el Gobierno.

Reiteró, además, su compromiso con el sistema interamericano, pero aclaró que cualquier interpretación antojadiza en modo alguno puede afectar la soberanía dominicana ni la potestad del Estado para definir por sus normas internas el régimen de la nacionalidad.

Sesgo. Entiende que la sentencia se refiere a hechos acontecidos en 1999-2000, pasa por alto numerosas circunstancias, en especial que el país tiene en marcha la implementación de un plan integral para la regularización y documentación de todas las personas que habitan el territorio.