Ante la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se atribuye competencia para desconocer sentencia del Tribunal Constitucional dominicano, el Gobierno dio a conocer su posición.

«Contrario a lo que plantea la CIDH, el ordenamiento jurídico dominicano no genera apatridia«, declaró el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal durante una rueda de prensa en salón Orlando Martínez del Palacio Nacional.

Asimismo, el funcionario dijo que el estado dominicano se ha dotado de una base normativa, tanto a nivel constitucional como legal, que da respuesta a las diferentes situaciones que en materia de nacionalidad puedan presentarse en el país.

«Esto ha sido reconocido por otros organismos y agencias internacionales, así como por diferentes actores nacionales o internacionales que le dan seguimiento», aseguró Espinal.

También, reiteró que la definición de la normativa sobre nacionalidad es un «atributo soberano e irrenunciable del Estado dominicano, el cual aplica de manera objetiva e imparcial sus disposiciones constitucionales y legales sobre esta materia».

Explicó que la no presentación del Estado dominicano a la audiencia del 8 de febrero de 2019, en la que se conocería un asunto que concierne a la RD, se debió a un acatamiento del Gobierno dominicano a la sentencia del Tribunal Constitucional TC-256-14.

«Ya que, según dispone el artículo 184 de la Constitución dominicana, las decisiones del Tribunal Constitucional “son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado», indicó.

Documento completo con la posición del Gobierno dominicano:

Se recuerda que en una resolución publicada el pasado 23 de abril, el Tribunal Interamericano indicó que el país (RD) no ha cumplido con la ejecución de ninguna de las reparaciones ordenadas a personas dominicanas y haitianas expulsadas, informó este jueves la organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) en un comunicado.