POR TANIA HIDALGO
En la continuación del juicio de fondo contra los implicados en el fraude del Banco Intercontinental (Baninter), el Ministerio Público presentó ayer un informe del Panel de Expertos Internacionales que analizó la crisis bancaria registrada en el país, en el cual se indica que las autoridades financieras de los últimos 10 ó 15 años tenían conocimiento de las irregularidades detectadas en esa y otras entidades bancarias que colapsaron.

De inmediato, los abogados de la defensa de Ramón Báez Figueroa, Marino Vinicio (Vincho) Castillo y Vinicio Castillo Semán saludaron la presentación de esta prueba “toda vez que confirma nuestra defensa en el sentido de que los problemas detectados en Baninter y en los otros bancos que colapsaron no eran propios de esos bancos, sino del sistema bancario dominicano”.

“El Problema de la contabilidad, dicen, estos expertos que era una práctica extendida en toda la banca nacional, así como el problema de los préstamos en excesos a vinculados”, puntualizó Vinicio.

Agregó además que el informe señala que esas distorsiones eran del conocimiento de la autoridad Monetaria y Financiera, ya que era imposible que ocurriera lo que ellos (parte acusadora) dicen que ocurrió en el Baninter sin que la autoridad estuviera enterada de esa situación.

“Eso es lo que nosotros hemos dicho siempre. Con esto nuestra tesis se confirma. Es más, dicen los expertos que no es cierto lo expresado por la Asociación de Bancos de que esos problemas eran exclusivos de Baninter, Bancrédito y el Banco Mercantil”, enfatizó.

Sin embargo, los abogados del Banco Central, la Superintendencia de Bancos y Baninter entienden que ese informe es “demoledor”, un documento clave elaborado por expertos internacionales, contratados por el Fondo Internacional que concluyen indicando que en la entidad bancaria hubo un “gran fraude”. En ese tenor se pronunció José Lorenzo Fermín, en representación de sus demás colegas de la barra acusadora.

Con esta prueba, la número 11, el Ministerio Público, representado por los procuradores adjuntos Francisco García, Carmen Alardo y el fiscal adjunto Daniel Germán Villalona pretende probar los fraudes que se cometieron en esa entidad bancaria y cuyos principales responsables son alegadamente Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez Cocco y Vivian Lubrano de Castillo.

De su lado, Tony Delgado, en representación de Báez Cocco dijo que no objetaría esa prueba, toda vez, que carece de validez. Sostuvo que se trata de un documento “bajado” de la página Web del Banco Central, por lo que no debe ser tomado en cuenta.

En tanto, Rolando de la Cruz Bello, abogado de Lubrano de Castillo, pidió que el tribunal excluya esa prueba en cuanto a su cliente.

La audiencia continúa hoy a las 9:00 de la mañana con la presentación de la prueba número 13, luego de que el Ministerio Público informara que se iba a abstener de dar lectura al documento 12 porque no fue incorporado ante el juez de instrucción.

En el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por el juez Antonio Sánchez Mejía e integrado además por Pilar Rufino y Yissel Méndez, se dio lectura también a la prueba número 10 de las 703 que tiene previsto presentar el Ministerio Público.

OTROS DETALLES DE LA PRUEBA 11

El panel de expertos estuvo conformado por los ex Superintendentes de Bancos de Chile, José Florencio Guzmán y Ernesto Livacic, así como por los ex Superintendentes de Bancos de Brasil y Argentina Claudio N. Mauch y Miguel A. Ortiz, respectivamente.

En el documento se indica que en el Baninter al igual que en Bancrédito y el Mercantil se produjo un incumplimiento grave, mediante artificios, de las normas legales vigentes y una administración irresponsable, lo cual junto con una “supervisión débil, concluyen en un dispendio cuantioso de recursos económicos, y las consiguientes pérdidas, que fueron asumidas por el Banco Central y en definitiva por el Estado”.

Agrega que esto ocurrió por la falta de adecuada prevención, de supervisión oportuna, y de requerimientos apropiados a los bancos que daban señales de serias deficiencias, lo que llevó a no exigir a tiempo las provisiones y capitalizaciones necesarias, y llegar, por último, a inducir, en mejores condiciones, una fusión con otras instituciones, una venta a terceros interesados, o a una liquidación ordenada.

Señala también que el sector bancario privado no tuvo “una presencia activa de colaboración frente a la situación de malas prácticas que estaba en curso, no obstante haber reconocido la existencia de éstas”.

ALVAREZ RENTA

Por otro lado, el magistrado Sánchez Mejía instó a los abogados del economista Luis Álvarez Renta a presentar un recurso de amparo, luego de que éstos intentaran reiterar al tribunal su petición de que ordene el cese del proceso en el país hasta tanto se conozca el caso en los Estados Unidos.

Indicó el juez a los abogados Salvador Catrain, Santiago Rodríguez y Joaquín Zapata presentar el recurso “para entonces nosotros fijar fecha y hora para su conocimiento”.

Alvarez Renta busca además protección de los supuestos excesos que, según dice, cometen las autoridades dominicanas en el juicio que se le sigue en Estados Unidos. Se espera que el recurso sea presentado en la mañana de hoy.