Hoy 
POR MARIO MENDEZ
En un borrador preliminar de carta de intención para la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno dominicano se compromete a llevar a una cabo una nueva reforma fiscal. Se establece en el documento que el gobierno introducirá al Congreso Nacional una segunda reforma fiscal en junio del 2005, que debería ser aprobado en octubre.
Esa reforma contemplaría la eliminación gradual de la comisión cambiaria la reducción de los impuestos a las transacciones financieras, la disminución de las exenciones al ITBIS, la ampliación de la base impositiva del impuesto sobre la renta para incluir los intereses ganados por individuos y la eliminación de los regímenes tributarios especiales para el turismo y las zonas francas fronterizas, así como las exenciones fiscales para las zonas francas.
Igualmente, el gobierno se compromete a desarrollar un programa, antes de marzo del 2005, para mejorar el cumplimiento tributario.
Para cumplir con ese objetivo, solicitará la asistencia técnica del FMI.
Este programa incluiría el fortalecimiento de los procedimientos de auditoría y la valuación aduanera e inspección, a través de la contratación de una entidad independiente de valoración.
También se contempla presentar al Congreso Nacional una ley, antes de finalizar el presente año, que modificaría los actuales sistemas y prácticas para las compras, la elaboración de presupuestos y el manejo financiero. Se buscaría que la Ley sea aprobada antes de marzo del 2005.
Además, se ejecutarán medidas de control del gasto público.
MEDIDAS PARA LA BANCA
El gobierno también se compromete en el borrador preliminar de carta de intención a aplicar medidas para recapitalizar a los bancos que operan en el país.
Como parte de esas medidas, todas las pérdidas determinadas en base a las normas existentes, sin gradualidad, han sido registradas por anticipado.
«La eliminación de la gradualidad será reflejada en los estados publicados (a finales del 2004) conjuntamente con el calendario de recapitalización», afirma el documento.
Se estableció que los bancos con niveles de capitalización no adecuados deberán ser llevados, por accionistas existentes o nuevos, a una relación de capital a activos ponderados por riesgo de 10% (antes de finalizar el 2004).
Luego de ser completado el calendario de recapitalización de los bancos, se iniciarán procesos para reestructurar cualquier banco que no tenga los niveles de capital requerido.
Los bancos públicos estarán sujetos a requerimientos de calidad de capital idénticos a los bancos privados.
También se establece que durante el período de enero del 2005 a diciembre del 2007, el sistema bancario pasará de normas locales a mejores prácticas internacionales para la valoración de activos.
Igualmente, se proponen cambios en el marco institucional, entre ellos ampliar el período del gobernador del Banco Central y del Superintendente de Bancos a un mínimo de cinco años, y otorgarle a la Superintendencia de Bancos la independencia para sancionar bancos que violen normas prudenciales y la Ley bancaria.
Según los cambios propuestos, el nombramiento y destitución del gobernador del Banco Central y del Superintendente de Bancos debería estar sujeto a la aprobación del Congreso en base a nominaciones del presidente de la República.
